The crisis does not distinguish species
October 02 of 2022
uring the days following the passage of Hurricane Ian,
An unprecedented food crisis has been experienced in the city of Cienfuegos, at least in the last two decades. Chronic shortages and irregularities in the supply chain, which had already been taking a heavy toll on the population, especially the most vulnerable cases, such as the elderly, pregnant women, single mothers, the disabled and social cases, have reached their peak. critical in the midst of a delicate energy situation that has put additional pressure on Cienfuegos families.
During the last days of September, we toured the most important food sales establishments in the city, reaching 9 communities, of which only 2 were offering scarce products to the population. Most of the establishments in national currency are closed or completely out of stock.
The few that remain providing services such as the “La Yarda” market, located in the center of the city, are controlled by the presence of MININT agents and the National Revolutionary Police. What is sold in this market (one of the most important in the city) is: crackers, lemon concentrate and guava candy bar. With a limited number of units of these products, "shifts" are given since they are not enough to satisfy the demand. The lines take up to 24 hours and more to purchase any merchandise.
There are currently no meat products or protein sources for sale to the population for several days. With the price of the US dollar close to 200 Cuban pesos today and the carton of eggs at 900 pesos, the families that do not have MLC, which are the majority, have no way to acquire sources of animal protein in the state supply network. What is currently being sold in MLC stores are 500 gram mincemeat tubes at more than 4 MLC per unit.
After more than 72 hours without electricity, most of the families' food reserves were lost and the government has not yet drawn up a strategy to assist the most vulnerable families or restore stable supply. Faced with the demands of the population, the government response has been none other than reinforcing control and propaganda. Internet cuts continue to avoid visualizing the reality of the country and the protests that took place in the City of Havana. The situation does not improve.
D.
D.
Durante los últimos meses, las autoridades locales promovieron una serie de obras que presentaron como ejemplo de cooperación entre el Estado y la comunidad. Sin embargo, en la práctica, gran parte del esfuerzo recayó sobre los propios vecinos. Mujeres, ancianos y niños participaron en jornadas de excavación, carga de escombros y traslado de tuberías, muchas veces sin herramientas ni orientación técnica. Los testimonios coinciden en que no existía otra alternativa, y que los precios de esos trabajos “en la calle” resultan impagables para el obrero cubano.
En una reciente intervención en la línea de abasto de una de las tantas comunidades afectadas se registraron al menos dos accidentes leves, previsibles en un entorno donde la mayoría de los participantes no tienen experiencia en labores de ese tipo. No obstante, el resultado fue presentado públicamente como un éxito popular, una muestra del “espíritu revolucionario” y la “unidad del pueblo”. Detrás del discurso oficial, lo que se consiguió fue un alivio temporal, no una solución estructural. El agua sigue llegando con intermitencia y baja presión, porque los problemas de conexión con la red principal son sistémicos y no pueden resolverse sin una inversión de gran alcance.
Las secuelas de la improvisación son visibles en las calles abiertas, los escombros acumulados y el tránsito interrumpido. Los vecinos denuncian que las vías no han sido reparadas y que las fugas reaparecen poco después de finalizadas las obras. “Esto fue para salir del paso”, comenta un residente cuya vivienda, en la zona más alta del barrio, sigue sin recibir agua con la presión necesaria para llenar un tanque de 200 litros: “Yo no tengo cómo comprar una turbina en dólares”. La falta de materiales y de planificación hace imposible hablar de una reparación integral.
A la precariedad técnica se suma la corrupción. En algunos barrios se han documentado casos de empleados de Acueducto y Alcantarillado que realizan conexiones ilegales a cambio de sumas que pueden superar los 50 mil pesos cubanos, equivalentes en estos momentos a más de 100 dólares estadounidenses. La cadena de corrupción no termina ahí: existe todo un mercado negro del agua potable. Se desvían pipas hacia otras comunidades cuyos vecinos logran reunir diez o quince mil pesos para comprar el servicio; se revenden tanques fabricados con PVC —inicialmente destinados a casos vulnerables—; se colocan tuberías parásitas para conducir el agua hacia lugares no previstos en el plan. Todas estas prácticas terminan perjudicando a los más afectados por la crisis.
La perforación de pozos privados es una alternativa cada vez más común, aunque solo accesible para quienes pueden costear entre 60 y 90 mil pesos por obra. En contraste, las familias de menos recursos improvisan soluciones rudimentarias para recolectar agua. La desigualdad se profundiza incluso dentro de una misma localidad: a pocas cuadras, algunos hogares cuentan con sistemas profesionales de bombeo, cisternas (a menudo ilegales) y tuberías particulares conectadas a la conductora maestra, mientras otros dependen de envases reciclados y cubos, acarreados por mujeres y ancianos.
El abastecimiento mediante camiones con tanques improvisados —diferentes de las pipas ordinarias— se ha convertido en una industria paralela. Llenar una cisterna doméstica puede costar hasta 20 mil pesos. Gran parte de esos depósitos son irregulares y no cumplen con las normas sanitarias mínimas, lo que incrementa el riesgo de contaminación. En muchos lugares se han reportado casos de agua turbia o con mal olor, inapropiada para el consumo.
El discurso oficial atribuye la crisis a la falta de recursos y a las dificultades económicas generales del país. Sin embargo, la población percibe el problema como un síntoma más del deterioro institucional y de la desigual asignación de los medios básicos. Es necesario recordar que las entidades encargadas de distribuir el agua a la población son de propiedad pública; sin embargo, en la práctica funcionan como pequeños negocios privados, destinados al enriquecimiento ilícito de dirigentes y trabajadores que lucran con las necesidades de la población.
El malestar social es creciente. Las personas agradecen los avances mínimos, pero son conscientes de que no resuelven la raíz del problema. La desconfianza hacia las promesas oficiales aumenta con cada nueva obra inconclusa. Hay quienes han propuesto declarar un estado de emergencia nacional temporal para resolver los problemas del agua y la electricidad, empleando recursos destinados a las reservas de guerra con el fin de asistir a la población en un momento de penuria y escasez generalizada. El gobierno no se ha pronunciado al respecto; hasta el momento, no se esperan mejoras sustanciales que puedan aliviar el problema.