The crisis does not distinguish species
October 02 of 2022
D.
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uring the days following the passage of Hurricane Ian,
An unprecedented food crisis has been experienced in the city of Cienfuegos, at least in the last two decades. Chronic shortages and irregularities in the supply chain, which had already been taking a heavy toll on the population, especially the most vulnerable cases, such as the elderly, pregnant women, single mothers, the disabled and social cases, have reached their peak. critical in the midst of a delicate energy situation that has put additional pressure on Cienfuegos families.
During the last days of September, we toured the most important food sales establishments in the city, reaching 9 communities, of which only 2 were offering scarce products to the population. Most of the establishments in national currency are closed or completely out of stock.
The few that remain providing services such as the “La Yarda” market, located in the center of the city, are controlled by the presence of MININT agents and the National Revolutionary Police. What is sold in this market (one of the most important in the city) is: crackers, lemon concentrate and guava candy bar. With a limited number of units of these products, "shifts" are given since they are not enough to satisfy the demand. The lines take up to 24 hours and more to purchase any merchandise.
There are currently no meat products or protein sources for sale to the population for several days. With the price of the US dollar close to 200 Cuban pesos today and the carton of eggs at 900 pesos, the families that do not have MLC, which are the majority, have no way to acquire sources of animal protein in the state supply network. What is currently being sold in MLC stores are 500 gram mincemeat tubes at more than 4 MLC per unit.
After more than 72 hours without electricity, most of the families' food reserves were lost and the government has not yet drawn up a strategy to assist the most vulnerable families or restore stable supply. Faced with the demands of the population, the government response has been none other than reinforcing control and propaganda. Internet cuts continue to avoid visualizing the reality of the country and the protests that took place in the City of Havana. The situation does not improve.
Food Monitor Program ha denunciado en varias ocasiones la naturaleza criminogénica de la crisis alimentaria y cómo ello afecta concretamente a los productores agrarios en Cuba. Desde hace años, los terrenos y propiedades del campesinado son víctimas del robo de cosechas y sacrificio ilegal de ganado. Según el Ministerio de Agricultura, el robo de ganado ha aumentado hasta un 150% anualmente. La percepción de violencia, aislamiento y desamparo en las zonas rurales desincentivan el trabajo agrícola y empujan a tomar drásticas decisiones como el desplazamiento de animales, como acusa García Reyes.
Uno de los actores fundamentales en un sistema agroalimentario nacional es el productor agrario, el campesino. En Cuba el agro es el principal empleador con un 17,8% del empleo total, pero con muy baja productividad, bajo salario y pésimas condiciones, lo que lleva a un desplome continuo en los últimos 10 años. Como resultado, el 67% de la producción nacional de alimentos ha colapsado en los últimos cinco años, variable donde productos básicos como cárnicos y lácteos casi han desaparecido.
A pesar de la relevancia del campesinado cubano, la postura oficial del Gobierno cubano ha sido la de la: hipercentralización, la toma de decisiones no consensuadas, el discurso criminalizante, el burocratismo y las medidas de poco impacto. Algo que ilustra muy bien lo anterior son las últimas resoluciones, entre ellas la Resolución 275/2024 del Ministerio de la Agricultura (Minagri), que aprueba los procedimientos a seguir para la contratación y comercialización de la producción agropecuaria, forestal y tabacalera para este año que recién comienza.
Aunque el sector privado tiene fuerza en casi todos los indicadores productivos (el 83,4% de los frutales, el 79,4% de los frijoles, el 75,5% de las hortalizas, el 76,7% de las viandas, el 73% del maíz y el 40,8% del arroz), el Estado, dominando únicamente la producción de la proteína animal (huevos, carne de bovino y cerdo), continúa imponiendo el monopolio de decisiones. A su vez, la criminalización desde la mentalidad de cuadro, de que el “incumplimiento” está en el otro promueve leyes como esta, donde la planificación centralizada domina una contratación forzada.
Food Monitor Program conversó con algunos productores que emitieron su opinión al respecto, mostrando el ninguneo de las autoridades y la poca agencia del gremio:
No es justo que nosotros, los que vivimos y trabajamos la tierra, no tengamos el control sobre lo que producimos, cómo lo hacemos o a quién le vendemos.
(…)
La cosa está en que no siempre tenemos lo que necesitamos para trabajar bien la tierra. A veces faltan los abonos o la maquinaria, y eso nos traba el trabajo. Los precios que nos pagan por los productos, ni hablar, no alcanzan para cubrir los costos muchas veces, por eso es que no hay anapista que no venda por la izquierda muchas cosas.
(…)
Las organizaciones campesinas han tenido su espacio en algunas discusiones de políticas agrarias, pero al final, parece que las decisiones vienen de arriba y nosotros solo estamos ahí para hacer bulto. A veces da la impresión de que solo nos usan para legitimar lo que ya tenían decidido. Cualquier reunión es más menos inútil.
Food Monitor Program advierte sobre las consecuencias de una política asfixiante y restrictiva en la producción agroalimentaria, en un escenario donde la inseguridad alimentaria aumenta cada año y donde la dependencia a las importaciones es aún una constante. La creciente dolarización de productos y servicios agravan un panorama socioeconómico con profundas brechas. Otro peligro fundamental es la opacidad, corrupción, clientelismo y postura incriminatoria que se tiene con el gremio, en un momento donde la migración ha dejado a los campos cubanos sin fuerza de trabajo joven. En estos momentos Cuba no se puede permitir continuar apostando por el autoritarismo en cuestión de políticas alimentarias.