The crisis does not distinguish species
October 02 of 2022
uring the days following the passage of Hurricane Ian,
An unprecedented food crisis has been experienced in the city of Cienfuegos, at least in the last two decades. Chronic shortages and irregularities in the supply chain, which had already been taking a heavy toll on the population, especially the most vulnerable cases, such as the elderly, pregnant women, single mothers, the disabled and social cases, have reached their peak. critical in the midst of a delicate energy situation that has put additional pressure on Cienfuegos families.
During the last days of September, we toured the most important food sales establishments in the city, reaching 9 communities, of which only 2 were offering scarce products to the population. Most of the establishments in national currency are closed or completely out of stock.
The few that remain providing services such as the “La Yarda” market, located in the center of the city, are controlled by the presence of MININT agents and the National Revolutionary Police. What is sold in this market (one of the most important in the city) is: crackers, lemon concentrate and guava candy bar. With a limited number of units of these products, "shifts" are given since they are not enough to satisfy the demand. The lines take up to 24 hours and more to purchase any merchandise.
There are currently no meat products or protein sources for sale to the population for several days. With the price of the US dollar close to 200 Cuban pesos today and the carton of eggs at 900 pesos, the families that do not have MLC, which are the majority, have no way to acquire sources of animal protein in the state supply network. What is currently being sold in MLC stores are 500 gram mincemeat tubes at more than 4 MLC per unit.
After more than 72 hours without electricity, most of the families' food reserves were lost and the government has not yet drawn up a strategy to assist the most vulnerable families or restore stable supply. Faced with the demands of the population, the government response has been none other than reinforcing control and propaganda. Internet cuts continue to avoid visualizing the reality of the country and the protests that took place in the City of Havana. The situation does not improve.
D.
D.
El discurso gubernamental, en vez de reconocer su mala gestión, apeló a las mismas justificaciones de siempre: el embargo económico impuesto por Estados Unidos y el mercenarismo. Asimismo, tildó de “confundidos” a cientos de personas que participaron en las protestas o las apoyaron públicamente.
A pesar de los castigos ejemplarizantes que significaron la represión y violencia ejercidas contra el pueblo, así como los juicios sumarios y las condenas, los cubanos continuaron manifestándose en los espacios públicos.
Entre finales de septiembre y principios de octubre de 2022, el sistema energético nacional colapsó tras el paso del huracán Ian, lo cual provocó un apagón general en todo el país. Muchos lugares en varias provincias quedaron sin electricidad por más de una semana. A causa de esto, la comida perecedera en cientos de hogares se echó a perder por falta de refrigeración y no pudieron tener agua en las casas.
En La Habana, una de las provincias más afectadas por el evento climatológico, surgieron focos de protesta pública ante la demora gubernamental y estatal en resolver la situación eléctrica. Los vecinos cerraron las calles, tocaron cazuelas y lanzaron la comida podrida frente a las sedes del Partido en algunos municipios, entre otras manifestaciones. Los reclamos exigían luz y agua.
Según Expediente Público, ocurrieron unas 68 protestas. Similar a lo ocurrido al año anterior, la respuesta de las autoridades fue desatar la represión policial, si bien en menor medida. En esos días, fueron detenidas más de una veintena de personas, entre las que se encontraban dos menores de edad. Esta cifra de detenidos se suma a los más de 60 arrestados entre junio y agosto del mismo año, precisamente por manifestar su descontento con la situación energética en sus localidades.
En mayo de 2023, varias personas salieron a protestar en Caimanera (Granma) por las malas condiciones de vida, la falta de electricidad y de comida. Una vez más, la violencia policial y la represión fueron la respuesta gubernamental al descontento popular. Seis personas resultaron detenidas y cinco de ellas recibieron penas carcelarias de entre 2 y 8 años.
Pocos meses después, los días 17 y 18 de marzo de 2024, ocurrieron manifestaciones en Santiago de Cuba, Holguín y Matanzas. En todas, los reclamos resultaron los mismos: luz, agua y comida. Aunque estas protestas no fueron tan multitudinarias como las de julio de 2021, sí concentraron a más de un millar de personas. Para esa fecha, Prisoners Defenders cuantificó 41 participantes que fueron detenidos y juzgados con penas de hasta 15 años de prisión.
Si los años anteriores parecieron críticos, 2025 no ha traído alivio a la población. La falta de agua y los apagones se han generalizado y afectan a millones de cubanos diariamente. En algunas zonas del país, los cortes energéticos han sobrepasado las 30 horas continuas y el desabasto de agua ha llegado a durar semanas.
La agudización de la inseguridad alimentaria, hídrica y sanitaria en Cuba ha llevado a cientos de miles de cubanos a un estado de pobreza, subalimentación y precaria subsistencia. Esta situación, si bien golpea a todos, la sufren especialmente las mujeres en su rol de cuidadoras y amas de casa.
Por ello, muchas de las manifestaciones sucedidas en lo que va de este año han sido protagonizadas por madres. Un ejemplo de esto ocurrió en el municipio de Regla (La Habana), en julio, donde varias mujeres cerraron algunas calles con diversos objetos y se acordonaron junto con sus hijos para exigir el restablecimiento del servicio de abasto de agua, inexistente desde hacía tres meses.
Según el Observatorio Cubano de Conflictos, en el mes de septiembre se contabilizaron 245 protestas debido a la crisis de los servicios públicos, en especial la falta de electricidad. A lo cual suma 92 denuncias relacionadas con la inseguridad alimentaria y la disminución del poder adquisitivo a causa de la inflación. Así lo constata la manifestación en Gibara (Holguín), que terminó con un saldo de más de una docena de personas detenidas en los días siguientes por haber participado.
Más recientemente, el 16 de octubre, decenas de vecinos en Baire (Santiago de Cuba) salieron a las calles a expresarse en contra de los continuos apagones, la falta de agua y el deterioro de las condiciones de vida en general. La organización independiente Justicia 11J confirmó que, tras la protesta, las fuerzas policiales comenzaron a perseguir, citar y amenazar a los participantes e incluso a sus familiares.
Sin embargo, los espacios públicos no son los únicos que atestiguan los reclamos populares. Las redes sociales, en especial Facebook, son monitoreadas por el Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) en busca de videos-denuncias y críticas a la gestión gubernamental. En Santiago de Cuba, por ejemplo, un hombre fue detenido y condenado a más de 4 años de prisión por filmar una abarrotada cola para comprar gas licuado, después de meses sin acceso a este combustible para cocinar. Otro caso es el de Mayelín Rodríguez Prado, condenada a 15 años de encarcelamiento en 2022 por subir a Facebook un video de una protesta en Nuevitas (Camagüey).
Aunque la Constitución de Cuba recoge en su artículo 56 el derecho a la manifestación pacífica, es violado todo el tiempo por el propio gobierno cubano. En octubre de este año, Miguel Díaz-Canel afirmó que no tolerará protestas en las calles como las sucedidas en los últimos tiempos y tomará medidas contra quienes osen manifestarse en contra del colapso de los servicios básicos. Anteriormente, en 2024, tildó de indecentes a quienes salían a reclamar sus derechos en el espacio público. Asimismo, en otras ocasiones ha dicho que las protestas son incitadas y pagadas por agentes externos y/o de la oposición.
El discurso gubernamental trata de cambiar el lenguaje al no reconocer las protestas ciudadanas y asumirlas como quejas. Por ello, repite una y otra vez que las personas deben ventilar sus insatisfacciones en los canales e instituciones correspondientes. Sin embargo, el pueblo no encuentra respuestas, y mucho menos soluciones, a los problemas que plantean la falta de alimentos, agua, gas y electricidad. De hecho, por ejemplo, el canal de Telegram de la Empresa Eléctrica de La Habana está diseñado para eliminar automáticamente cualquier comentario contra la gestión gubernamental y bloquear a quien lo haga.
Las personas detenidas y encarceladas por protestar son juzgadas bajo causas comunes. Desacato, desorden público, agresión son de las más socorridas. En otras ocasiones, se acude a delitos más graves, como mercenarismo o difusión de propaganda enemiga para justificar condenas más severas.
La situación actual de Cuba empeora cada día más. En un país donde el Gobierno parece no tener respuesta a la crisis que lo atraviesa y niega su responsabilidad por el colapso, los cubanos se ahogan por la falta de agua, alimentos, electricidad, gas, combustible, medicinas y un sistema que ya no funciona a casi ningún nivel. Es imposible pensar que el pueblo quedará conforme con la situación y no saldrá a reclamar los derechos que incumplen tanto el Estado como el Gobierno —reflejados en la Constitución y en otros documentos internacionales de derechos humanos—, aun a riesgo de ser reprimido, censurado y encarcelado.