The crisis does not distinguish species
October 02 of 2022
uring the days following the passage of Hurricane Ian,
An unprecedented food crisis has been experienced in the city of Cienfuegos, at least in the last two decades. Chronic shortages and irregularities in the supply chain, which had already been taking a heavy toll on the population, especially the most vulnerable cases, such as the elderly, pregnant women, single mothers, the disabled and social cases, have reached their peak. critical in the midst of a delicate energy situation that has put additional pressure on Cienfuegos families.
During the last days of September, we toured the most important food sales establishments in the city, reaching 9 communities, of which only 2 were offering scarce products to the population. Most of the establishments in national currency are closed or completely out of stock.
The few that remain providing services such as the “La Yarda” market, located in the center of the city, are controlled by the presence of MININT agents and the National Revolutionary Police. What is sold in this market (one of the most important in the city) is: crackers, lemon concentrate and guava candy bar. With a limited number of units of these products, "shifts" are given since they are not enough to satisfy the demand. The lines take up to 24 hours and more to purchase any merchandise.
There are currently no meat products or protein sources for sale to the population for several days. With the price of the US dollar close to 200 Cuban pesos today and the carton of eggs at 900 pesos, the families that do not have MLC, which are the majority, have no way to acquire sources of animal protein in the state supply network. What is currently being sold in MLC stores are 500 gram mincemeat tubes at more than 4 MLC per unit.
After more than 72 hours without electricity, most of the families' food reserves were lost and the government has not yet drawn up a strategy to assist the most vulnerable families or restore stable supply. Faced with the demands of the population, the government response has been none other than reinforcing control and propaganda. Internet cuts continue to avoid visualizing the reality of the country and the protests that took place in the City of Havana. The situation does not improve.
D.
D.
Créditos: AFP/Yamil Lage
En 1993, la disminución del poder adquisitivo en pesos cubanos y el fortalecimiento de las transacciones en divisas —cuya tenencia hasta entonces estaba prohibida legalmente y era sancionada con prisión— en el mercado negro, obligaron al régimen cubano a implementar un sistema bimonetario a partir de un paquete de medidas; entre las que se incluían: la legalización de la tenencia y circulación de divisas en la población, el establecimiento de canales oficiales para la recepción de remesas, la creación de las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD), la apertura de las Casas de Cambio S.A. (CADECA) como institución cambiaria oficial y la formación de un circuito empresarial vinculado al turismo y al capital extranjero que operaba en USD.
En aquel momento, semejante medida funcionó como modo de supervivencia al captar las remesas de la diáspora y reactivar el consumo interno mediante las TRD, a las que se sumaron las tiendas de las cadenas CIMEX y Habaguanex; permitidas antes solo para personal diplomático y técnicos extranjeros en Cuba. Sin embargo, la supervivencia del Estado —y, por ende, del Gobierno— se erigió sobre las desigualdades sociales introducidas por la segmentación de los mercados de consumo: el poder adquisitivo y la calidad de vida del pueblo ya no dependían de la remuneración por su trabajo, sino del acceso a divisas.
En 2003, el gobierno cubano dejó solo el CUC como moneda sustituta del dólar en el mercado interno, con una tasa de cambio estable, revirtiendo la dolarización parcial. De hecho, según datos del Banco Central de Cuba, los porcentajes de ahorro en dólares bajaron de 16,4 a 3,1 en apenas 5 años. Seguía existiendo un sistema bimonetario; pero con la particularidad de sostenerse sobre dos monedas nacionales: el peso cubano y el CUC.
A largo plazo, esta dualidad monetaria generó distorsiones masivas en la contabilidad empresarial y una desconexión entre los salarios y los precios reales del mercado mundial. Sin embargo, mantenía una apariencia de orden que saltaría por los aires bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
En enero de 2021, el nuevo gobierno cubano implementó la Tarea Ordenamiento: un plan para unificar las monedas, eliminar subsidios excesivos y sincerar los precios. El objetivo teórico era fortalecer el peso cubano (CUP). No obstante, la reforma se ejecutó bajo las peores condiciones posibles: una economía paralizada por la pandemia de covid-19 y una caída drástica de los ingresos del sector turístico.
AFP
El resultado fue catastrófico. Al eliminar el CUC y establecer una tasa de cambio oficial que no guardaba relación con la escasez real de divisas, el Estado perdió el control del mercado cambiario. La inflación se disparó y la población, al ver a diario que sus ahorros en pesos perdían valor, se refugió en el dólar como reserva de valor. La Tarea Ordenamiento no solo fracasó en su intento de unificar la moneda, sino que parió una “dolarización de facto” mucho más agresiva e incontrolable que la de los años 90.
Esta mutación de la economía resultó una segmentación monetaria que ha fracturado a la sociedad en dos grupos: aquellos con acceso a divisas extranjeras y quienes dependen exclusivamente del devaluado peso cubano
Tristemente, el epicentro de semejante fractura no se encuentra en el acceso a bienes de lujo o tecnología, sino en el derecho más básico del ser humano: la alimentación. La nueva dolarización ha transformado la mesa cubana en un espacio de exclusión, donde la seguridad alimentaria ha quedado supeditada a la capacidad de capturar divisas, destruyendo el pacto social de distribución equitativa que el Estado socialista sostuvo durante décadas en su discurso, generando un apartheid nutricional, pulverizando el poder adquisitivo del trabajador promedio y desmantelando la producción nacional.
En primer lugar, el supuesto plan para la unificación monetaria resultó ser una falacia. En 2019, ante una crisis de liquidez extrema, el gobierno cubano introdujo las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), un sistema de tarjetas magnéticas respaldadas por divisas extranjeras. Originalmente concebidas para captar moneda fuerte con la venta de electrodomésticos, no tardaron en expandirse hacia los alimentos y productos de aseo básicos. O sea, si bien se eliminaba el CUC de la ecuación, el sistema bimonetario pasó a sostenerse con esta nueva moneda digital.
Sin embargo, mientras cualquier persona podía ir antes a comprar CUC con CUP en las CADECA, los MLC solo podían comprarse en los bancos ingresando divisas que el Estado dejó de vender a la población. Por tanto, la venta de bienes básicos en una moneda que el Estado no emitía, junto con el aumento de los salarios sin una oferta productiva interna, disparó una inflación galopante. Como resultado, el peso cubano inició una espiral de devaluación que, para 2026, lo ha marginado. Así, el mercado informal de divisas pasó de una tasa de 1:24 en 2021 a superar los 400 pesos por dólar más recientemente; una depreciación que ha tenido un impacto directo y proporcional en el precio de todos los alimentos.
En este panorama, el Estado perdió la capacidad de suministrar la canasta básica mediante la libreta de abastecimiento debido a su propio déficit de divisas para importar; por lo cual el mercado informal, las mipymes y la diáspora han asumido el rol de proveedores.
Sin embargo, las mipymes operan bajo una lógica estrictamente capitalista en un entorno de escasez: deben recuperar su inversión en USD de los alimentos importados para volver a comprar mercancía. Esto significa que el precio de un cartón de huevos o de un kilogramo de pollo en una tienda privada no se fija según el salario medio cubano, sino por la tasa de cambio del dólar en el mercado negro.
AFP/Adalberto Roque
Por ejemplo, si un trabajador gana un salario promedio de 5 000 CUP y el precio del dólar sube 10% en una semana, el costo del aceite en la calle aumenta de inmediato ese mismo porcentaje. El resultado es que el salario, nominalmente estático, se encoge cada día más frente al plato de comida. A inicios de 2026, un cubano promedio necesita más de diez salarios mínimos solo para cubrir la canasta básica de una familia de tres personas; cifra que ilustra el colapso del acceso económico a la alimentación.
Debido a esto, muchas familias en Cuba solo logran sobrevivir si alguno de sus miembros eligió el camino de la migración y está en condiciones de proporcionar ayuda económica a quienes dejó en la Isla. Indudablemente, esta dolarización ha creado una jerarquía social basada en la geografía familiar, dando lugar a un apartheid nutricional.
Aquellos que reciben remesas pueden comprar en las tiendas con MLC o dólares y en las mipymes, accediendo a leche, proteínas cárnicas y productos frescos, entre otros. Por el contrario, los profesionales del sector estatal y los jubilados, que reciben sus ingresos en pesos cubanos, se ven condenados a una dieta basada en carbohidratos de baja calidad y a una carencia casi absoluta de proteínas de origen animal.
Lo macabro de este sistema es que castiga a los sectores que sostienen la infraestructura social del país. Por ejemplo, un médico gana, en términos reales de poder de compra alimentario, una fracción de lo que devenga un trabajador informal que revende productos importados en dólares. Esta distorsión ha provocado una fuga de cerebros del sector público al informal, así como una migración externa, debilitando aún más la capacidad del país para recuperarse.
Otro de los efectos más insidiosos y menos discutidos de la dolarización es cómo destruye los incentivos para producir alimentos en Cuba. El agricultor cubano se encuentra en una trampa financiera: para producir, necesita insumos que están dolarizados (semillas, fertilizantes, plaguicidas, piezas de repuesto para tractores, combustible); sin embargo, el Estado a menudo le exige vender una parte sustancial de su cosecha en pesos cubanos a través del sistema de Acopio, a precios fijos que no cubren los costos de producción indexados al dólar. El resultado es lógico: los campesinos dejan de producir o desvían su producción al mercado negro. Un ejemplo evidente es el colapso de la ganadería porcina, la principal fuente de proteína en el país, debido a que la soja y el maíz para alimentar a los animales deben importarse en dólares.
Por tanto, a un comerciante privado le resulta más barato importar un pollo congelado de Florida que criarlo en el país a un campesino cubano. No obstante, esta dependencia de la importación es una bomba de tiempo si se redujera la adquisición de divisas por parte de los actores privados: Cuba quedaría sin comida.
Por otra parte, la dolarización no solo afecta la cantidad de comida, sino también su calidad. Ante la carestía, las familias cubanas han adoptado estrategias de supervivencia que dañan la salud a largo plazo. Se observa una transición hacia una dieta de supervivencia alta en azúcares y grasas saturadas de bajo costo y extremadamente baja en micronutrientes, vitaminas y proteínas de alto valor biológico.
Esto ha conducido, por ejemplo, a un repunte alarmante de la anemia ferropénica en niños y embarazadas. Asimismo, la falta de lácteos y frutas frescas configura una generación de niños con crecimiento retardado y ancianos con sistemas inmunológicos debilitados. Esta desnutrición “oculta” es una consecuencia directa de un mercado alimentario en el que el valor nutricional está subordinado al valor de cambio en divisas.
EFE
Otro aspecto importante es el papel de las mipymes en la dolarización, más allá de sustituir al Estado como proveedor alimentario. Estos negocios no solo cobran a la población el precio de la mala administración gubernamental y estatal, exacerbando la desigualdad social. Encima, importan los alimentos que les generan mayor margen de ganancia, lo cual no necesariamente coincide con los requerimientos nutricionales de los cubanos.
Su propia existencia y funcionamiento han permitido al Estado cubano desentenderse de su obligación de respetar y garantizar el derecho a la alimentación de su pueblo. Sin contar, la carga de humillación psicológica y de malestar social que les genera a los trabajadores estatales y pensionados el no poder adquirir siquiera alimentos básicos en estos establecimientos. La comida en las mipymes se ha convertido en un recordatorio diario de pobreza y pérdida de estatus como ciudadano protegido por el Estado.
Tampoco debe ignorarse el costo mental de la dolarización alimentaria. La vida cotidiana en Cuba se ha transformado en una búsqueda incesante de alimentos a precios pagables que consume la mayor parte del tiempo y energía mental de la población. La incertidumbre sobre si el dólar subirá o no y, por ende, el precio de la comida, genera un estado de estrés crónico que afecta la productividad y el tejido familiar. La alimentación, que debería ser un acto de nutrición y placer social, se ha convertido en una fuente de ansiedad existencial.
No menos grave es el efecto de la dolarización en la soberanía y seguridad alimentarias. Aunque el gobierno cubano aprobó una Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SSAN), se ha convertido en letra muerta. En un entorno dolarizado, Cuba ha cedido su soberanía al mercado informal de divisas y a los exportadores extranjeros. La dieta del cubano hoy no la deciden los agricultores ni los nutricionistas, sino el tipo de cambio del dólar.
A inicios de 2026, la dolarización en Cuba ha demostrado ser un remedio peor que la enfermedad para el ciudadano común. Si bien permitió una entrada rápida de divisas para el Estado y llenó algunos estantes vacíos a través del sector privado, el costo social ha sido inasumible. La alimentación ha devenido en el principal vector de desigualdad en la Isla.
En resumen, la dolarización fragmentada ha evidenciado las mentiras del proyecto social cubano: un país donde la educación y la salud son nominalmente gratuitas, pero donde un litro de leche cuesta cerca de un cuarto del salario de un profesional. El hambre de divisas de la economía estatal ha terminado por generar un hambre real en la mesa de los cubanos más vulnerables. La comida, lejos de ser un derecho, es hoy en Cuba el símbolo más cruel del fracaso de un modelo que no supo integrar su economía al mundo sin sacrificar la nutrición de su pueblo. El desafío para el futuro no radica solo en cómo llenar los platos, sino también en el modo de recuperar una moneda nacional que devuelva al trabajo honrado la capacidad de alimentar a la familia.