La extraña relación de la cooperación condicionada

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El PMA ha sido un socio estratégico del Gobierno cubano durante 62 años, complementando las políticas nacionales en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Ha suscrito –y en parte financiado– varios de los programas diseñados por el Gobierno cubano. Desde 1963 ha distribuido complementos nutricionales a población vulnerable a través de la Libreta de Abastecimiento; en los años ochenta respaldó los proyectos de biotecnología agrícola enmarcados en el Programa Alimentario;  a fines de los 80 y principios de los 90 elogió la creación de los organopónicos como estrategia de resiliencia dentro del Programa de Agricultura Urbana y Suburbana; y más recientemente ha contribuido a legitimar el discurso oficial que sustenta la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (2022).

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Aunque la mayoría de estos proyectos no dieron los resultados prometidos el PMA ha continuado consolidándose como actor clave, facilitador y movilizador de recursos. Sin embargo, esta relación ha tendido a privilegiar un acompañamiento acrítico que, a la larga, refuerza la preferencia por la asistencia humanitaria en detrimento de estrategias de desarrollo sostenibles. Todo ello ocurre en un espacio de cooperación atravesado por la desconfianza y el condicionamiento, donde la permanencia de las oficinas del PMA en la isla está supeditada a la aceptación de los límites impuestos por el propio Gobierno.

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Los informes de trabajo del PEP reflejan con claridad las concesiones y ajustes retóricos que el programa debe asumir para operar en el contexto cubano. Los resúmenes parten de que “los esfuerzos del Gobierno cubano para garantizar el acceso gratuito y universal a los servicios básicos ha contribuido históricamente a reducir la pobreza y el hambre”. Pero estas afirmaciones son cada vez mas difíciles de defender, sobre todo ante evidencias del agravamiento de la inseguridad alimentaria, como la inclusión de Cuba, por primera vez, en el informe de UNICEF sobre privación nutricional infantil (2024).

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A su vez, para justificar el agravamiento de la crisis multifactorial en el país, el programa enumera tres razones fundamentales, todas externas. Junto a la recurrencia real de desastres naturales en la zona caribeña, sin embargo, incluye dos argumentos que vale la pena revisar:

 

• El PEP parte de la pandemia de Covid-19 como primer propiciador de la crisis económica presente en el país. Sin embargo, la economía cubana mostraba signos de regresión desde el 2019, al punto de que las autoridades declararan una “Coyuntura energética” en septiembre de ese año, tres meses antes de que ocurriera el primer caso de Coronavirus.

 

• El PEP agrega a este impacto “el bloqueo económico, comercial y financiero” de Estados Unidos como segundo factor que impone “limitaciones a la importación y producción de alimentos”. Sin embargo, desde el año 2000 los alimentos y medicinas quedaron exentos de embargo en virtud del Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act. En los años contemplados por el último PEP (20241- 2024) Cuba importó productos agroalimentarios por un valor aproximado de 1 389 millones de dólares. El resumen especifica que Cuba debe comprarle alimentos a los Estados Unidos mediante pagos en efectivo y por adelantado, lo que describe como una restricción financiera. Sin embargo, aunque la negativa a pago por crédito representa una complicación adicional, no responde meramente a una sanción política, sino al respaldo comercial ante países de alto riesgo político o financiero, con default de deudas o baja calificación crediticia, como es Cuba.

 

En general, el documento concluye que “estos retos han condicionado tanto el acceso económico a los alimentos para la población en general como su disponibilidad”. Sin embargo, omite señalar los errores de planificación económica acumulados en los últimos cinco años. No hace referencia, por ejemplo, a que la medida más reciente y abarcadora impulsada por el Gobierno –la Tarea Ordenamiento– provocó la pérdida de capacidad adquisitiva de más del 96 % de la población, ni a que su implementación generó nuevas distorsiones macroeconómicas aún sin resolver, reconocidas incluso por sus propios gestores en sucesivos plenos de la Asamblea Nacional.

 

Estos vacíos introducen sesgos significativos en la lectura crítica de la realidad cubana. El PEP, por ejemplo, sostiene que la dieta de los hogares suele ser inadecuada y poco saludable, que deriva en sobrepeso y obesidad. Sin embargo, atribuir la responsabilidad a los patrones alimentarios de la población, y no al hecho de que se requieren al menos tres salarios medios para cubrir la canasta básica, constituye un error con múltiples consecuencias: desplaza la atención de las causas estructurales del problema, reproduce estigmas sobre la malnutrición como opción y no como precariedad, y legitima políticas que no garantizan una dieta saludable ni universalmente accesible.

 

El lenguaje empleado en los documentos de trabajo para referirse a las sanciones estadounidenses también refuerza esta tendencia. El uso del término “bloqueo” –con matiz político dentro del discurso oficial cubano– en lugar de “embargo”, de carácter técnico-jurídico, promueve la idea de un asedio económico, invisibilizando el margen de acción que Cuba sí conserva en materia de comercio de alimentos, medicinas y remesas dentro de las sanciones. A su vez, contribuye a opacar los factores internos estructurales que condicionan la seguridad alimentaria con los que el propio PMA debe lidiar en el país, como son el centralismo burocrático y las distorsiones monetarias.

 

Los costos del asistencialismo sin transformación

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A largo plazo, las lógicas expuestas resultan contraproducentes para la labor del PMA en Cuba, que ya debe maniobrar en un contexto inconsistente, en que el Gobierno cubano proyecta hacia el exterior un discurso triunfalista sobre la soberanía alimentaria, mientras sigue siendo receptor de ayuda humanitaria. Esta dicotomía le resta credibilidad al programa para persuadir a gobiernos, agencias y fundaciones de la pertinencia de sostener o ampliar la cooperación internacional con Cuba. Como confirmó a Food Monitor Program un exrepresentante de la FAO en Cuba:

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Otro interés del país en organizaciones internacionales era obviamente la función de portar divisas con proyectos financiados al 100%. Esto explica la alta popularidad por ejemplo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Cuba, que en realidad no debería haber estado allí, porque oficialmente no había hambre. Pero el PMA es entre las organizaciones que más dinero traen en base a ayuda humanitaria. [2]

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En Cuba la asistencia para el desarrollo parece traducirse en un círculo de dependencia, donde la cooperación internacional se concentra en paliar carencias inmediatas sin incidir en los obstáculos estructurales persistentes. Como resultado, la administración cubana muestra mayor diligencia en gestionar donativos internacionales que en emprender reformas de fondo en el sector agrícola o en empoderar a productores privados y cooperativos, como también confirma el delegado de la FAO:

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En este sentido el país daba preferencia para la ejecución de proyectos a organizaciones que operaban básicamente como un banco, dejando todas las decisiones operativas técnicas al país (…) Para Cuba la FAO era más bien un instrumento de propaganda y influencia hacia el exterior, mientras que intervenciones técnicas, o en el peor caso, asesoría en políticas sectoriales, no eran bien vistas.[3]

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Las desventajas de una cooperación internacional articulada en estos términos no radican únicamente en su ineficacia inmediata y van más allá de las limitantes enumeradas en los informes de trabajo del PEP para Cuba. La metodología analizada introduce un sesgo cultural que permite legitimar las políticas alimentarias en Cuba y, a la larga, perpetúa la propia gobernanza autoritaria. En este escenario, el desafío para el PMA y otras agencias no es únicamente movilizar recursos, sino también definir hasta qué punto pueden contribuir a transformar las condiciones estructurales de la inseguridad alimentaria en Cuba sin quedar atrapadas en el rol de simples administradoras de la escasez.​​

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[1] Este monto es un aproximado, resultado de la suma de los desembolsos de la agencia según los planes del Programa Estratégico (Country Strategic Plans) y periodos de transición (Interim Country Strategic Plans), pero pueden faltar presupuestos según eventos imprevistos, entre otras ayudas puntuales.

[2] https://www.foodmonitorprogram.org/entrevista-el-mito-de-la-seguridad-alimentaria-en-cuba

[3]Ídem.