The crisis does not distinguish species
October 02 of 2022
D.
D.
uring the days following the passage of Hurricane Ian,
An unprecedented food crisis has been experienced in the city of Cienfuegos, at least in the last two decades. Chronic shortages and irregularities in the supply chain, which had already been taking a heavy toll on the population, especially the most vulnerable cases, such as the elderly, pregnant women, single mothers, the disabled and social cases, have reached their peak. critical in the midst of a delicate energy situation that has put additional pressure on Cienfuegos families.
During the last days of September, we toured the most important food sales establishments in the city, reaching 9 communities, of which only 2 were offering scarce products to the population. Most of the establishments in national currency are closed or completely out of stock.
The few that remain providing services such as the “La Yarda” market, located in the center of the city, are controlled by the presence of MININT agents and the National Revolutionary Police. What is sold in this market (one of the most important in the city) is: crackers, lemon concentrate and guava candy bar. With a limited number of units of these products, "shifts" are given since they are not enough to satisfy the demand. The lines take up to 24 hours and more to purchase any merchandise.
There are currently no meat products or protein sources for sale to the population for several days. With the price of the US dollar close to 200 Cuban pesos today and the carton of eggs at 900 pesos, the families that do not have MLC, which are the majority, have no way to acquire sources of animal protein in the state supply network. What is currently being sold in MLC stores are 500 gram mincemeat tubes at more than 4 MLC per unit.
After more than 72 hours without electricity, most of the families' food reserves were lost and the government has not yet drawn up a strategy to assist the most vulnerable families or restore stable supply. Faced with the demands of the population, the government response has been none other than reinforcing control and propaganda. Internet cuts continue to avoid visualizing the reality of the country and the protests that took place in the City of Havana. The situation does not improve.
En Cienfuegos, por ejemplo, cada vez existen menos lugares públicos con ofertas gastronómicas asequibles a donde el trabajador revolucionario pueda ir con su familia. Se diría que en la ciudad quedan menos de 10; cifra insignificante para sus 150 000 habitantes.
La estrategia de los dirigentes municipales ha sido “entregar” en arriendo locales subutilizados que poseía la empresa de gastronomía provincial a actores privados que las convierten rápidamente en negocios particulares, con acceso restringido a aquel sector de la población que se puede permitir los astronómicos precios que se cobran en estos lugares.
En principio, creemos que la privatización es algo bueno, pero cuando se hace de manera ordenada, natural y mediante mecanismos transparentes de licitación y competencia; que no es lo que generalmente ocurre. Lo usual es que, entre “socios, se repartan el pastel” como me comentó el CVP (custodio) del antiguo restaurante de La Laguna, reconvertido en una paladar privada llamada ahora Rancho Canal.
¿Qué cambió en este lugar? Todo. Desde la misma entrada que recibe al consumidor con dos sendos carteles rudimentarios y con faltas de ortografía que rezan: “OJO NO PASAR” y “PRIBADO”. El lugar estrena, además, tapia improvisada en la orilla de la playa; lo cual es, de hecho, ilegal, pues, supuestamente, en este país las playas aún son públicas
El Canal, como se conoce la zona donde está ubicado el restaurante, ha sido históricamente un punto de pesca aficionada en la Bahía Jagua. Ahora, su paso está prohibido para la población; lo cual, según la opinión popular, es una arbitrariedad de los nuevos dueños que tienen derecho de renta sobre el local, pero no deben limitar el acceso a las áreas aledañas, cuya infraestructura ha sido construida por la ciudad con presupuesto público desde mucho antes de la existencia de cualquier restaurante en el área.
Por esta zona pasean parejas de pocos recursos en busca de un espacio romántico para pasar el atardecer a la orilla de las tranquilas aguas, con una vista privilegiada de la parte turística de la ciudad. Ahora, esto es imposible a menos que vayas a consumir en el restaurante; una opción vedada por los altos precios para la gran mayoría de los trabajadores.
Este tipo de situaciones se está viendo con mayor frecuencia en todas partes, sobre todo en los mejores puntos de venta de la ciudad, donde suelen reunirse todo tipo de públicos en busca de esparcimiento y recreación. Entendidas en el contexto actual, estas medidas de urgencia que toma el Estado para que no se pierdan las infraestructuras públicas del sector gastronómico tienen alguna lógica económica; pero no toman en cuenta su impacto social en los ciudadanos, quienes siguen sujetos a un régimen laboral estatal que los subemplea y les impone un salario de hambre que no alcanza siquiera para cubrir los gastos básicos de la familia.
El problema radica en que las medidas desesperadas que se toman por decreto de manera aislada y sin cambiar la esencia del sistema fallido en su totalidad solo son parches temporales que no van a resolver las cuestiones de fondo. La privatización puede ser buena cuando va a acompañada de otras aperturas económicas, políticas y sociales que disminuyen la centralización y la coerción del Estado sobre los individuos. En Cuba se necesitan cambios estructurales, no simples mecanismos de contención injustos y limitantes.
El resultante de estas acciones es una disminución drástica de las ofertas recreativas y gastronómicas a los trabajadores; especialmente a la juventud, que no posee recursos para consumir en lugares privados. La escasa competencia lo que logra es que las “asignaciones” se otorguen a los allegados de los dirigentes y, una vez más, como ocurre con otras cosas, “todo quede en casa”. Esto estimula el clientelismo y la coima, y afecta al consumidor, el cual, incluso contando con recursos económicos para frecuentar estos lugares, solo tiene unas pocas opciones disponibles, pues el Estado no le permite al emprendedor ordinario competir en igualdad de condiciones con sus “socios”, cómplices y testaferros.