Nota de prensa N° 38- Food Monitor Program
La Habana, 30 de julio de 2025
En la reciente II Cumbre de Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, celebrada en Addis Abeba, el gobierno cubano reafirmó su disposición a contribuir al fortalecimiento de políticas alimentarias sostenibles en el ámbito internacional. El vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca declaró que “Cuba está dispuesta a contribuir a posicionar a los sistemas alimentarios en el centro de las agendas de desarrollo económico-social para combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad” (Granma, 29 de julio de 2025).
Sin embargo, esta afirmación contrasta con las condiciones alimentarias actuales dentro de la isla. Desde Food Monitor Program (FMP), observamos con preocupación la creciente distancia entre el discurso estatal en foros multilaterales y la realidad documentada por organizaciones independientes, actores comunitarios y personas afectadas por inseguridad alimentaria crónica. A continuación, compartimos algunos puntos de relevancia.
Una brecha profunda entre narrativa y realidad
El sistema alimentario cubano atraviesa una crisis sostenida marcada por la dependencia de importaciones (más del 80 % del total de alimentos), la disminución acelerada de la producción nacional (una pérdida estimada superior al 67 % en la última década) y un proceso de dolarización y privatización de alimentos que restringe el acceso a productos básicos a quienes no reciben remesas o ingresos en divisas.
En este contexto, conceptos como “soberanía alimentaria” o “resistencia creativa” así como plasmar en papel leyes supuestamente en busca de la “seguridad alimentaria” sirven como cortina de humo ante la verdadera precariedad alimentaria en el país, al tiempo que vende una voluntad gubernamental inexistente. Mientras tanto, la persistencia de políticas centralizadas, la escasa transparencia y la falta de participación comunitaria efectiva impiden avanzar hacia un sistema justo, equitativo y basado en derechos. Entre otros datos preocupantes destacan:
-El 96 % de los hogares encuestados por FMP ha perdido capacidad de acceso a alimentos adecuados en los últimos años.
-El 29 % de estos se alimenta solamente dos veces al día y un 4 % una sola vez.
-El 98,8 % reportó aumentos insostenibles en los precios de alimentos básicos.
-Cada vez son más las familias que reducen la variedad y la calidad de sus comidas por la imposibilidad de acceder a productos frescos o ricos en proteínas.
Por último, una postura institucional reciente que refuerza la alarma sobre la situación de las personas vulnerables en el país es la criminalización oficial de la pobreza extrema y de las estrategias populares de subsistencia. Personas en situación de calle, familias que recurren al mercado informal y proyectos comunitarios independientes han sido objeto de descrédito, hostigamiento o sanciones.
En su defecto, los programas estatales para abordar la subalimentación y la inseguridad alimentaria son de impacto simbólico y cada vez más discontinuos y escasos, sin responder a estándares de universalidad ni equidad alimentaria.
Contribución a la Relatoría de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación
Este año, Food Monitor Program presentó una contribución detallada a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, en la que se destacó la concentración del sistema alimentario en manos de GAESA, conglomerado militar que gestiona importaciones, divisas, cadenas de comercialización y redes logísticas, sin controles públicos ni participación ciudadana.
GAESA plataformiza de manera consiente el acceso alimentario como forma de extracción de divisas, usando a la diáspora cubana como mercado. La lógica rentista de la élite militar en Cuba frena el incremento de la producción nacional en favor de la importación de alimentos. A su vez, el monopolio sobre importaciones y distribución de alimentos limita el acceso de los ciudadanos a productos básicos, especialmente cuando estos se comercializan en divisas inaccesibles para muchos cubanos. Además, el control de insumos agrícolas, de gestión de divisas y de logísticas de distribución dan cuenta de una corporativización de la política alimentaria que limita el desarrollo de iniciativas autónomas y el dinamismo de la economía nacional, en favor del enriquecimiento de la élite dominante.
Asimismo, se evidenció en el texto la falta de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, así como la criminalización de redes informales de distribución, campesinado autónomo y proyectos comunitarios. También se secundaron las preocupaciones de organismos internacionales que han señalado el uso retórico de los ODS y del lenguaje del desarrollo sostenible para sostener estructuras excluyentes, opacas y verticalistas.
Por todo lo anterior, desde FMP instamos a las agencias, organismos y aliados internacionales a revisar críticamente el discurso oficial del Estado cubano en materia alimentaria. Exigimos reconocimiento al trabajo de actores independientes que, con riesgo, documentan y denuncian la crisis. Se invita a vincular la cooperación técnica o financiera a garantías concretas de acceso no politizado a los alimentos, así como a fortalecer los mecanismos de monitoreo del cumplimiento del derecho a la alimentación en contextos autoritarios o de exclusión estructural.