Nota de prensa N° 40- Food Monitor Program
La Habana, 17 de octubre de 2025
El 16 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) celebró 80 años de creada. Entre sus objetivos principales, este organismo ha tenido como metas erradicar el hambre y la malnutrición, así como promover la seguridad alimentaria.
Con motivo de sus ocho décadas de existencia, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez envió un mensaje al Foro Mundial de la Alimentación, inaugurado el pasado 13 de octubre en la sede de la FAO en Roma, Italia. Según las palabras del mandatario, objetivos comunes entre la Isla y esta organización son “la erradicación del hambre, la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible”, “sin dejar a nadie atrás”. Asimismo, afirmó que el establecimiento de la representación oficial en Cuba, en 1978, marcó “una cooperación clave para fortalecer la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible”. Igualmente, aseveró que la FAO ha tenido especial importancia en “la construcción e implementación de políticas públicas para transformar los sistemas alimentarios locales, incluida la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional”.
Sin embargo, el presidente cubano obvió en su discurso que su gobierno es el primero en violar en el país la Ley de Soberanía Alimentaria…, al ser incapaz de garantizar que Cuba produzca alimentos de forma sostenible y que la población tenga acceso una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, así como al agua potable. De hecho, las mentiras de Díaz-Canel en el Foro Mundial de Alimentación son constatables.
En primer lugar, es imposible que Cuba avance hacia una soberanía alimentaria cuando el país importa cerca de 80% de sus alimentos, según han reconocido Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria, y Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, entre otros representantes gubernamentales. La necesidad de importar alimentos y materias primas viene dada, entre otros factores, porque la política del gobierno cubano prioriza desde hace años la industria hotelera frente a la agroalimentaria. Tan así, que las cifras oficiales reportadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) arrojan que el gasto estatal en 2024 fue de 37,4% en concepto de turismo, ante solo 3,4% repartido entre agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; el cual disminuyó a 2,4% en el primer semestre de 2025.
Por otra parte, la inseguridad alimentaria en Cuba ha aumentado drásticamente en el último quinquenio debido a las malas políticas gubernamentales y diversas distorsiones en los programas económicos.
Diferentes medidas, como la creciente dolarización en el país —sin respaldo bancario—, han contribuido a una inflación que alcanza cerca de 70% y triplicado los precios en los últimos cinco años. Como consecuencia, ha disminuido drásticamente el poder adquisitivo de la población y se ha elevado el costo de la canasta básica. Debido a la incapacidad gubernamental de asegurar una producción agropecuaria nacional que suministre al menos los alimentos básicos, los cubanos se han visto obligados a comprar productos alimentarios de importación suministrados por las micro, pequeñas y medianas empresas; que han asumido el papel de proveedores ante el abandono estatal.
En cifras, esto se traduce, por ejemplo, a que la pensión mínima de un jubilado (3 056 CUP) —desde septiembre de este año— equivalga a menos de 7 USD en el mercado informal. Con ese monto, según un artículo del periódico oficialista Granma, apenas se puede comprar un cartón de huevos (30 unidades). Sin embargo, un trabajador estatal que reciba un salario mínimo (2 100 CUP) ni siquiera puede adquirirlo. De hecho, según cálculos de Food Monitor Program, el precio de la canasta básica en Cuba para una persona ronda los 21 000 CUP; o sea, 10 salarios mínimos, más de 3 salarios medios y más 3 jubilaciones mínimas. Con semejantes datos, es muy evidente que el gobierno cubano ni está erradicando el hambre ni la inseguridad alimentaria en el país y sí está dejando a millones de personas atrás.
Otros tres factores que contribuyen a la inseguridad alimentaria en la Isla son la falta de acceso a agua potable y fuentes energéticas para cocinar, así como los prolongados y continuos cortes de electricidad.
En 2024, el Grupo Banco Mundial estimaba que, en Cuba, solo 50% de la población tenía acceso a agua potable; mientras que otros cálculos arrojan que más de 40% no tiene un abasto estable. La situación es generalizada en todo el país. A los meses de sequía se suman la deficiente infraestructura y su deterioro, así como la falta de combustible para arrancar las bombas impulsoras y los cortes de electricidad. Medios de prensa oficiales han reportado, por ejemplo, que en la capital se pierde hasta 70% del agua que se bombea debido a las roturas y salideros en las tuberías.
Esta situación no permite a gran parte de los cubanos cumplir con una higiene alimentaria adecuada o tener, básicamente, agua para cocinar los alimentos o beber. Asimismo, los obliga a destinar parte de sus ingresos económicos a comprar agua a terceros —muchas veces apelando al soborno de las pipas de abastecimiento—, lo cual disminuye sus recursos destinados a la alimentación.
Igualmente, el tema de las fuentes energéticas para cocinar va en contra de la seguridad alimentaria de los cubanos. La falta de electricidad y gas, en especial, limita a millones de hogares cubanos, que ven sus comidas afectadas por carecer de otros medios para elaborar sus alimentos. Esto ha provocado no solo un incremento en sus gastos al tener que comprar combustibles alternativos como carbón o leña, sino también un aumento de las enfermedades respiratorias, pues muchos de los hogares no tienen espacios lo suficientemente amplios o ventilados para disipar los gases que se generan.
Los cortes de electricidad, por su parte, no solo afectan el acceso al agua potable y dificultan la acción de cocinar en los hogares; también limitan la capacidad de almacenaje de los alimentos cocinados y perecederos. En menos de un año, en Cuba se han experimentado 4 apagones generales de más de 24 horas; algunos de ellos han llegado a las 72 horas consecutivas. El resto de los días, las interrupciones en el fluido eléctrico oscilan entre 12 y 22 horas diarias, llegando hasta 36 horas continuas en algunos lugares. Esto provoca que, frecuentemente, se echen a perder los pocos alimentos que cientos de miles de cubanos hayan podido conseguir o cocinar con gran esfuerzo.
En adición, muchísimos equipos de refrigeración o cocción se han roto debido a la inestabilidad en el voltaje o a los cortes y reconexiones no programadas, que imposibilitan a la población tomar medidas de protección para prolongar su vida útil. De tal modo, miles de cubanos han tenido que asumir de su bolsillo los gastos de reparación o compra de los equipos dañados, pues la Unión Eléctrica, a pesar de ser la responsable de brindar el servicio de electricidad en el país, no repone equipos dañados por este motivo. Entretanto, el Gobierno tampoco ofrece a los damnificados la posibilidad de acceder a talleres de reparación a precios asequibles o tiendas en moneda nacional con precios ajustados a los salarios y jubilaciones estatales.
A pesar de que el Gobierno ya ha reconocido públicamente en televisión nacional que Cuba sufre un severa crisis alimentaria, hídrica y energética, las inversiones estatales en estas áreas siguen siendo dejadas a un lado para priorizar el sector turístico. El economista cubano Pedro Monreal, por ejemplo, expuso que, en 2023, en la capital, se destinaron 10 veces más recursos estatales a hoteles que a suministro de electricidad, gas y agua. Si bien dos años después las autoridades gubernamentales han desplazado la atención de las inversiones hacia estos tres sectores en crisis, que ahora abarcan 34,3% del presupuesto estatal, sigue siendo insuficiente.
Por otra parte, organismos internacionales como la UNICEF y observatorios independientes como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) comienzan a desmontar el mito de la seguridad alimentaria en Cuba. Informes de la UNICEF reportaron en 2024 un 9% de pobreza infantil alimentaria grave en Cuba; esto significa que muchos menores de 5 años carecen de más de la mitad de los ocho grupos nutricionales básicos para una vida saludable. Mientras tanto, datos recogidos por el OCDH —junto a otros estudios llevados a cabo por FMP— muestran que 88% de la población cubana vive en extrema pobreza y que más de 70% no tiene recursos suficientes para realizar tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena). En especial, FMP ha alertado sobre el hambre oculta existente en el país y el impacto clínico de la mal nutrición en los cubanos residentes en la Isla.
La justificación gubernamental a la crisis, repetida también en el discurso de Díaz-Canel en el Foro Mundial de la Alimentación, son las sanciones económicas impuestas a Cuba por Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario no explicó que entre ambos países se realizan transacciones desde el año 2000, amparadas por la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de Exportaciones, que autoriza ventas agrícolas y humanitarias a la Isla. De esta manera, entre enero y mayo de 2025 el gobierno cubano importó desde la nación norteña alimentos y productos agropecuarios por un valor de 204,9 millones de dólares; cifra que, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, representa un incremento de 16,6% con respecto al mismo período del año anterior. Entre los alimentos importados destacan la carne de pollo, arroz, leche en polvo, café y carne de cerdo.
Food Monitor Program alerta, por tanto, sobre las falacias del discurso de Miguel Díaz-Canel en el Foro Mundial de la Alimentación, así como en otros espacios y ante organismos internacionales. Asimismo, hace un llamado de atención acerca de la falta de transparencia en los datos emitidos por las entidades oficiales, que dificultan y falsean la labor de organizaciones como la propia FAO.
La crisis alimentaria en Cuba, sustentada además por la crisis energética y el estrés hídrico, se agudiza cada día más ante la mirada gubernamental, que no ofrece soluciones a la población ni siquiera a largo plazo. Esto ha conllevado a un incremento del hambre en el país, sobre todo en grupos vulnerables, como el de la tercera edad, con consecuencias graves incluso para su salud.
Es imprescindible que el gobierno cubano deje de culpar al embargo estadounidense de la situación en Cuba y comience a reconocer sus errores económicos y de dirección. Este debería ser uno de los primeros pasos para asumir las responsabilidades que, como Estado y Gobierno, tiene con el pueblo cubano, y trazar e implementar estrategias que garanticen derechos humanos básicos como el de la alimentación.