En la última semana se reporta en La Habana la venta en dólares de productos alimenticios procedentes de donativos internacionales. Según fuentes oficiales, estos alimentos forman parte de varios cargamentos de ayuda procedentes de México, que suman hasta ahora 2.007 toneladas. La asistencia alimentaria incluye productos como frijoles, leche (líquida y en polvo), conservas de cárnicos, atún y sardina, galletas, arroz, aceite vegetal, entre otros.

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Según información oficial del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), los criterios de distribución favorecerían a niños de 0-13 años y personas mayores de 65 años, embarazadas y niños con bajo peso y talla, así como núcleos en situación de vulnerabilidad. La cobertura territorial comprendería las provincias de Artemisa, La Habana y Mayabeque, mientras que el contenido prometido de la asistencia alimentaria sería: un paquete de arroz, uno de frijoles, tres de amaranto y dos de galletas, una botella de aceite, dos latas de sardinas y una lata de duraznos en conserva, a distribuirse de manera gradual mediante la red de comercio minorista normado.

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En paralelo, surgen denuncias de ciudadanos cubanos que han encontrado presuntamente dichos productos en la red estatal en dólares. Food Monitor Program, por su parte, no ha podido corroborar la entrega total prometida, sino recepciones aisladas y parciales de los productos. Es importante, por tanto, resaltar la ausencia de mecanismos de revisión y la imposibilidad de trazabilidad por parte de la ciudadanía en Cuba. El seguimiento de la entrega humanitaria (lote, cadena de custodia, almacenes, actas de entrega e inventarios, puntos de venta o listado de beneficiarios) no es accesible públicamente en el país bajo estándares auditables, lo que limita la verificación independiente.

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A pesar de esta ausencia, Food Monitor Program ha logrado monitorear los patrones de ejecución de ayudas internacionales, altamente dependientes del Gobierno cubano. Entre los principales obstáculos para estas entregas se encuentran la alta centralización por las que operan las vías de entrega, la lentitud y opacidad de la burocracia cubana encargada, la desconfianza y condicionalidad de las autoridades, el uso político del donativo, entre otros elementos reconocidos en informes oficiales analizados por el observatorio.[1]

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Food Monitor Program considera de excepcional importancia los indicios actuales de captura de ayuda humanitaria para sostener circuitos estatales de recaudación de divisas. Esta no sería la primera vez que se identifica la venta de artículos donados, como mecanismo de alivio en momentos críticos. El observatorio ha documentado eventos similares en abril-mayo de 2021 (venta de aceite con rotulado del Programa Mundial de Alimentos), agosto de 2021 (venta de insumos alimentarios con etiqueta genérica mexicana en tiendas en MLC), octubre de 2024 (venta de colchones hasta a un 50% de su valor, en Guantánamo), noviembre de 2025 (venta de aceite con rotulado del Programa Mundial de Alimentos).

 

Aunque el Gobierno cubano ha deslegitimado estas denuncias o publicado justificaciones coyunturales a su proceder, existe un patrón institucional recurrente. De ser consistente esta práctica, se amplificaría considerablemente la actual estratificación alimentaria en el país, con especial desprotección sobre grupos vulnerables. Según seguimientos de Food Monitor Program al respecto, en los últimos tres años ha aumentado en un 10% la cantidad de personas que van a la cama con hambre. Otro 10 % de aumento fue registrado en personas que, en el mismo periodo, han necesitado una alimentación especial debido a sus condiciones de salud. [2]

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El observatorio ha podido verificar asimismo la continua erosión de la confianza en los mecanismos internacionales y en su efecto dependiente del Gobierno cubano. Los cubanos continúan denunciando desvíos de donativos como un soporte indirecto a circuitos de mercado controlados por el Estado, sin que tengan recursos de rendición de cuentas. En la Encuesta de Seguridad Alimentaria, el observatorio pudo constatar este sentir, donde un 58% de cubanos considera que el Estado solo “dificulta la vida” de la población, mientras que el 77% piensa que la élite no experimenta la inseguridad alimentaria del resto del país.

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Food Monitor Program considera oportuno recalcar que, en un país donde la inseguridad alimentaria se combina con segmentación monetaria, contracción productiva y colapso de servicios básicos, la administración de donativos no puede ser gobernada exclusiva y opacamente por la misma administración que ha provocado esta crisis multifactorial.

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Por tanto, el observatorio exige mecanismos mínimos de transparencia tanto para donantes como para la sociedad civil, por ejemplo, en forma de listados verificables de la entrega, canales de respuesta pública, plataformas de observación independiente, así como acompañamientos de evasión de corrupción/ manipulación política de la alimentación.

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Por último, Food Monitor Program continuará monitoreando denuncias, cotejando información pública y recopilando testimonios al respecto. El observatorio también invita a fortalecer la verificación colectiva basada en evidencias dentro del espacio público.

 

 

[1] Para consultar nuestros estudios sobre el tema visitar: si puedes intercalar en el hilo dos productos nuestros que hablan del tema:https://www.foodmonitorprogram.org/columna-soberania-o-asistencia-alimentaria-el-costo-de-la-cooperacion-internacional-en-cuba; https://www.foodmonitorprogram.org/columna-analisis-del-reporte-anual-sobre-cuba-del-programa-mundial-de-alimentos

[2] https://www.foodmonitorprogram.org/encuesta-de-inseguridad-alimentaria-2025