Food Monitor Program observa con preocupación el paquete de 176 medidas económicas presentado en el Pleno Extraordinario del Comité Central del PCC y aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, el pasado 19 de junio. Aunque varias de las medidas reconocen (de manera tardía), el agotamiento del modelo económico centralizado, su implementación en ausencia de garantías institucionales, libertades públicas y mecanismos de rendición de cuentas puede profundizar la desigualdad alimentaria y mantener la desprotección que pesa sobre la población vulnerable.

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El paquete anunciado introduce transformaciones como:

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-mayor participación del sector privado,

-apertura a la inversión extranjera,

-posibilidad de banca privada,

-venta de acciones o activos estatales,

-reforma de subsidios,

-cambios en el sistema cambiario,

-ampliación de la autonomía empresarial,

-medidas orientadas a dinamizar la agricultura y el comercio exterior.

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Sin embargo, desde la perspectiva del derecho a la alimentación, se mantienen interrogantes como: quién podrá participar en esa apertura, bajo qué reglas, con qué información pública, con qué protección social y con qué capacidad real de la ciudadanía para exigir derechos.

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La crisis alimentaria cubana no se basa únicamente en una apertura de mercado, ha llegado a ser una crisis estructural profunda de acceso, disponibilidad, estabilidad y calidad nutricional. Los hogares cubanos enfrentan simultáneamente pérdida de poder adquisitivo, inflación alimentaria, deterioro del sistema de abastecimiento estatal, apagones que impiden conservar/cocinar alimentos, escasez de agua potable, precarización laboral, colapso del transporte y dependencia creciente de redes privadas, informales o familiares para sobrevivir.

En este contexto, cualquier reforma económica sin una arquitectura robusta de protección social puede convertirse en un mecanismo de exclusión administrativa. Allí donde la reforma ocurre mediante la redistribución opaca de activos públicos hacia grupos con información privilegiada, acceso a divisas, vínculos familiares o cercanía política, el control del sistema alimentario deriva en una forma directa de dominación.

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En específico, la venta de participaciones en empresas estatales, sin licitaciones transparentes, tribunales independientes, auditorías públicas y control ciudadano, puede reproducir patrones conocidos de “capitalismo de compinches”: una transición en la que el patrimonio acumulado bajo control estatal pasa a manos privadas vinculadas al poder, mientras la población que durante décadas sostuvo los costos de la economía estatizada queda excluida de sus beneficios.

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En paralelo, el Gobierno cubano utiliza la presión estadounidense como explicación totalizante para evitar discutir responsabilidades internas:

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-la baja productividad agropecuaria,

-la ineficiencia estatal,

-la concentración de recursos en sectores no alimentarios,

-la dolarización segmentada,

-la opacidad empresarial,

-la subordinación política de los derechos,

-el desmantelamiento de mecanismos reales de representación social.

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Independientemente del impacto real de las sanciones de la administración Trump, la existencia de una presión externa no exime al Estado cubano de sus obligaciones internas en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Tampoco justifica el secretismo, la represión, la ausencia de participación ciudadana, la falta de estadísticas confiables ni la criminalización de actores sociales independientes que documentan hambre, pobreza y deterioro de servicios básicos.

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En consecuencia, cualquier nueva estrategia por parte del Gobierno cubano debería evaluarse con indicadores concretos: reducción del hambre reciente en los hogares; aumento de la disponibilidad de alimentos básicos; mejora de la dieta en población vulnerable; disminución del porcentaje de ingresos destinado a comida; recuperación de comedores sociales, escolares y laborales; protección efectiva frente a desastres, apagones, inflación y pérdida de empleo, entre otros. En este rigor, Food Monitor Program considera imprescindible que cualquier reforma económica en Cuba incorpore al menos las siguientes garantías mínimas:

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• Publicación íntegra, accesible y actualizada de las 176 medidas, sus cronogramas, responsables institucionales, criterios de implementación y mecanismos de evaluación.

 

•  Auditoría pública e independiente de cualquier venta, concesión, arrendamiento o conversión accionaria de activos estatales, con información sobre beneficiarios finales, origen de fondos, métodos de valoración y condiciones de competencia.

 

• Protección explícita del derecho a la alimentación en la reforma de subsidios, con transferencias suficientes, actualizadas según inflación.

 

• Prioridad presupuestaria para producción, distribución y consumo alimentario nacional, por encima de inversiones que no respondan a necesidades básicas de la población.

 

• Apertura real del sector agroalimentario a productores, cooperativas, redes comunitarias y actores privados bajo reglas justas, acceso a insumos, combustible, crédito, agua, transporte y mercados, sin monopolios estatales ni capturas oligárquicas.

 

• Reconocimiento de la sociedad civil, la prensa independiente, los observatorios ciudadanos y las organizaciones humanitarias como actores legítimos para monitorear la situación alimentaria y canalizar alertas tempranas.

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Food Monitor Program reitera que una economía más abierta puede mejorar la disponibilidad alimentaria solo si está acompañada de protección social efectiva, institucionalidad transparente y libertades ciudadanas. De lo contrario, los cambios recientes terminarán administrando una transición desigual en beneficio de un capitalismo autoritario y patrimonialista.