The crisis does not distinguish species
October 02 of 2022
uring the days following the passage of Hurricane Ian,
An unprecedented food crisis has been experienced in the city of Cienfuegos, at least in the last two decades. Chronic shortages and irregularities in the supply chain, which had already been taking a heavy toll on the population, especially the most vulnerable cases, such as the elderly, pregnant women, single mothers, the disabled and social cases, have reached their peak. critical in the midst of a delicate energy situation that has put additional pressure on Cienfuegos families.
During the last days of September, we toured the most important food sales establishments in the city, reaching 9 communities, of which only 2 were offering scarce products to the population. Most of the establishments in national currency are closed or completely out of stock.
The few that remain providing services such as the “La Yarda” market, located in the center of the city, are controlled by the presence of MININT agents and the National Revolutionary Police. What is sold in this market (one of the most important in the city) is: crackers, lemon concentrate and guava candy bar. With a limited number of units of these products, "shifts" are given since they are not enough to satisfy the demand. The lines take up to 24 hours and more to purchase any merchandise.
There are currently no meat products or protein sources for sale to the population for several days. With the price of the US dollar close to 200 Cuban pesos today and the carton of eggs at 900 pesos, the families that do not have MLC, which are the majority, have no way to acquire sources of animal protein in the state supply network. What is currently being sold in MLC stores are 500 gram mincemeat tubes at more than 4 MLC per unit.
After more than 72 hours without electricity, most of the families' food reserves were lost and the government has not yet drawn up a strategy to assist the most vulnerable families or restore stable supply. Faced with the demands of the population, the government response has been none other than reinforcing control and propaganda. Internet cuts continue to avoid visualizing the reality of the country and the protests that took place in the City of Havana. The situation does not improve.
D.
D.
La contradicción es demasiado visible. Cuba es un archipiélago situado entre el mar Caribe, el Golfo de México y el Atlántico, con 5.746 kilómetros de costas y una plataforma insular de más de 50.000 km², según caracterizaciones geográficas recogidas por FAO para el país. Sin embargo, para una parte creciente de los hogares cubanos, el pescado ha dejado de ser parte de la dieta habitual. Ha pasado a ser una compra excepcional, un producto informal, caro, muchas veces adquirido sin garantías sanitarias, o una presencia simbólica en la libreta, en la memoria familiar y en los relatos de una abundancia que ya no llega a la mesa.
Los datos oficiales permiten dimensionar el colapso. El Anuario Estadístico de Cuba 2024 de la ONEI registra que la captura bruta total cayó de 46.386,5 toneladas en 2020 a 22.330,6 toneladas en 2024. Es decir, en apenas cuatro años la captura se redujo en más de la mitad. En el caso específico del pescado, el descenso fue de 35.148,8 toneladas en 2020 a 18.064,7 toneladas en 2024. La caída no es un accidente coyuntural: es una contracción sostenida de la capacidad productiva de un sector que debería ser estratégico para la seguridad alimentaria nacional.
La desagregación por especies revela todavía mejor la profundidad del deterioro. En 2024, la ONEI reportó apenas 220,2 toneladas de pargo, 317,2 toneladas de túnidos, 24 toneladas de bonito, 49,5 toneladas de rabirrubia y 480,2 toneladas de raya. La langosta, históricamente relevante para la exportación, bajó de 4.224,8 toneladas en 2022 a 2.016,3 en 2024. El camarón de mar prácticamente desaparece de la estadística: de 426 toneladas en 2023 a solo 4,6 toneladas en 2024.
También la acuicultura, que en otros países ha funcionado como vía para compensar límites de la pesca extractiva, muestra signos de agotamiento. La tilapia bajó de 2.153,7 toneladas en 2020 a 790,3 en 2024; la claria, de 4.428,3 a 329,1 toneladas en el mismo período. Solo la tenca conserva un volumen relativamente alto, con 10.442,4 toneladas en 2024, pero su presencia estadística no se traduce en acceso estable, asequible y de calidad para la población.
Este vaciamiento alimentario tiene una dimensión nutricional grave. El pescado no es un alimento cualquiera dentro de una dieta empobrecida: es una fuente densa de proteína de alta calidad, ácidos grasos omega-3 de cadena larga, yodo, vitamina D, calcio, selenio, hierro, zinc, vitamina A y vitamina B12. FAO subraya que el pescado desempeña un papel importante contra el hambre y la malnutrición precisamente por esa combinación de proteína, grasas saludables y micronutrientes difíciles de sustituir en dietas pobres. La FAO ha señalado además que una porción de 150 gramos de pescado puede aportar aproximadamente entre 50% y 60% de los requerimientos diarios de proteína de una persona adulta.
La pérdida del pescado en la mesa cubana no significa únicamente menos variedad culinaria. Significa menos proteína biodisponible para niños, ancianos, embarazadas, enfermos crónicos y personas sometidas a dietas cada vez más monótonas. Significa menos vitamina D en un contexto de deterioro alimentario general; menos B12 en dietas con menor acceso a carnes, huevos y lácteos; menos omega-3 en una población envejecida y expuesta a enfermedades cardiovasculares; menos hierro, zinc y selenio en hogares que ya sustituyen alimentos por productos más baratos, menos nutritivos y más saciantes. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos reconoce que los omega-3 EPA y DHA, presentes sobre todo en pescados y mariscos, han sido ampliamente estudiados por su relación con la salud cardiovascular y factores como triglicéridos y presión arterial.
La crisis pesquera, por tanto, no puede leerse como un problema sectorial aislado. Forma parte de una degradación más amplia de la seguridad alimentaria en Cuba. El Programa Mundial de Alimentos ha señalado que en 2025 la inseguridad alimentaria siguió siendo un desafío significativo en el país, impulsado por la prolongada contracción económica, la inflación, la reducción de recursos públicos y la escasez persistente de combustible. Por su parte, el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimó que, bajo un escenario base, 1,4 millones de personas en Cuba no alcanzaban en 2023 el umbral diario de 2.100 calorías; bajo un escenario alternativo de ajuste del PIB, la cifra ascendía a 4,2 millones de personas, equivalente al 37,8% de la población.
En este contexto, la ausencia del pescado no es un detalle gastronómico: es un indicador de desposesión alimentaria. La dieta cubana se estrecha no solo porque faltan ingresos, sino porque fallan las redes productivas, logísticas, energéticas, regulatorias y sanitarias que deberían sostener el acceso a alimentos frescos. Una isla sin pescado accesible revela la fractura entre geografía y política pública: el mar está ahí, pero la población no puede comer de él.
En la práctica cotidiana, las pescaderías estatales rara vez ofrecen productos suficientes, variados y asequibles. Cuando aparece alguna oferta, suele ser limitada, de baja calidad o fuera del alcance real de los salarios. Pescados populares como bonito, atún, cubera, pargo o sierra circulan sobre todo por vías particulares o informales, a precios que en muchos barrios se mueven entre 650 y 900 pesos la libra sin eviscerar, según temporada, zona y disponibilidad. Para un hogar que vive de salario estatal o pensión, comprar pescado fresco se convierte en una decisión extraordinaria, casi de emergencia o celebración.
La industria de procesamiento tampoco compensa la escasez. Los derivados pesqueros disponibles se reducen con frecuencia a croquetas, hamburguesas o masas procesadas, muchas veces vendidas por particulares, tiendas privadas o circuitos informales. El consumidor que puede pagar termina comprando al vendedor ambulante, al pescador del barrio o a intermediarios que operan en condiciones precarias. El pescado se limpia en portales, patios o aceras; se transporta sin refrigeración adecuada; se conserva con hielo escaso; se vende en medio de apagones que rompen la cadena de frío. Allí donde debería existir una política pública de abastecimiento, inocuidad y nutrición, aparece una economía de supervivencia.
La escasez de combustible y de insumos ha golpeado directamente al sector. IPS reportó que en el primer semestre de 2024 se habían capturado 15.620 toneladas de pescados y mariscos, apenas el 53% del plan previsto entre pesca marina y acuicultura. También recogió la distribución oficial de ese volumen: 15% para turismo, 14% para exportación y 71% para consumo de la población. Incluso aceptando esa distribución, la pregunta persiste: si el grueso se declara destinado al consumo interno, ¿por qué el pescado no aparece de manera estable, visible y accesible en los mercados populares?
La respuesta está en una combinación de derrumbe productivo, prioridades estatales, exportación selectiva, turismo, desvíos, intermediación informal, mala logística y control administrativo. El monopolio estatal sobre la pesca a gran escala se ha erosionado por falta de inversión, obsolescencia tecnológica, corrupción, déficit de combustible, pérdida de fuerza laboral e incentivos productivos débiles. Pero, al mismo tiempo, el Estado sigue imponiendo controles que impiden que la pesca privada y comunitaria compense ese vacío. Es decir: el aparato estatal ya no garantiza el abastecimiento, pero conserva la capacidad de restringir, multar, condicionar y ordenar quién puede pescar, cómo puede vender y bajo qué autorización.
La propia Ley de Pesca cubana reconoce distintas modalidades de pesca comercial, incluida la pesca comercial no estatal, pero la somete a licencias, requisitos y regulaciones que mantienen la actividad dentro de un campo de fuerte control administrativo. En 2024 se eliminó el requisito previo de tener contrato con una entidad estatal para otorgar licencias de pesca comercial no estatal, pero la comercialización quedó sujeta a las decisiones de los gobiernos locales. La flexibilización, por tanto, no equivale a libertad productiva ni a creación de mercados transparentes. Más bien desplaza el control desde una instancia contractual hacia otra territorial y discrecional.
El resultado es un orden pesquero contradictorio: demasiada regulación para el pequeño productor y demasiada ineficiencia para el aparato estatal. El pescador privado enfrenta trabas para embarcaciones, motores, combustible, artes de pesca, declaración de capturas, conservación y comercialización. El consumidor enfrenta precios prohibitivos, informalidad sanitaria y ausencia de oferta estable. El Estado, mientras tanto, conserva su narrativa de planificación, pero no puede asegurar que una población rodeada de mar acceda regularmente a pescado.
La comparación internacional vuelve más grave el cuadro. FAO estimaba para Cuba un consumo per cápita de pescado de 8,8 kg anuales en una caracterización anterior del sector, ya entonces considerado bajo para un país insular. A escala mundial, FAO reportó que el consumo anual per cápita de alimentos acuáticos de origen animal alcanzó 20,7 kg en 2022, más del doble que en 1961. Cuba va en sentido contrario: no solo consume poco; consume cada vez menos en términos reales para la mayoría de los hogares, mientras su producción nacional se contrae y la población depende más de importaciones alimentarias, remesas, mercados privados y circuitos informales.
La ausencia del pescado es también una pérdida cultural. No solo desaparece un alimento; desaparecen saberes de cocina, prácticas de barrio, economías familiares, oficios, memorias costeras y vínculos intergeneracionales. En muchas casas cubanas, las recetas de pescado sobreviven como recuerdo: “cuando había”, “cuando se podía comprar”, “cuando venía el pescadero”, “cuando el pargo no era cosa de ricos”. Esa frase doméstica contiene una historia política: la transformación de un alimento territorialmente disponible en mercancía inaccesible.
En un país atravesado por hambre, inflación, apagones y deterioro sanitario, recuperar el pescado para la población debería ser una prioridad de seguridad alimentaria, no un asunto secundario de producción pesquera. Implicaría liberar capacidades locales, fortalecer cooperativas reales, permitir inversión comunitaria, garantizar hielo y refrigeración, transparentar destinos de captura, revisar precios, ampliar acuicultura con criterios ambientales y nutricionales, y proteger a los pescadores sin convertirlos en sospechosos permanentes. También implicaría reconocer que el derecho a la alimentación no se cumple con estadísticas de captura ni con planes ministeriales, sino con disponibilidad efectiva, acceso económico, calidad sanitaria y pertinencia cultural.
La pregunta “¿dónde está el pescado?” resume una paradoja mayor de la Cuba actual: los recursos existen, la necesidad es urgente, la tradición está viva, pero el sistema que administra el acceso ha convertido la abundancia potencial en escasez cotidiana. Una isla sin pescado en la mesa no es solo una anomalía económica. Es una evidencia material del fracaso de un modelo que controla mucho, produce poco y deja a la población alimentándose de sustituciones, colas, rumores y recuerdos.
Dónde está el pescado para la población