The crisis does not distinguish species
October 02 of 2022
uring the days following the passage of Hurricane Ian,
An unprecedented food crisis has been experienced in the city of Cienfuegos, at least in the last two decades. Chronic shortages and irregularities in the supply chain, which had already been taking a heavy toll on the population, especially the most vulnerable cases, such as the elderly, pregnant women, single mothers, the disabled and social cases, have reached their peak. critical in the midst of a delicate energy situation that has put additional pressure on Cienfuegos families.
During the last days of September, we toured the most important food sales establishments in the city, reaching 9 communities, of which only 2 were offering scarce products to the population. Most of the establishments in national currency are closed or completely out of stock.
The few that remain providing services such as the “La Yarda” market, located in the center of the city, are controlled by the presence of MININT agents and the National Revolutionary Police. What is sold in this market (one of the most important in the city) is: crackers, lemon concentrate and guava candy bar. With a limited number of units of these products, "shifts" are given since they are not enough to satisfy the demand. The lines take up to 24 hours and more to purchase any merchandise.
There are currently no meat products or protein sources for sale to the population for several days. With the price of the US dollar close to 200 Cuban pesos today and the carton of eggs at 900 pesos, the families that do not have MLC, which are the majority, have no way to acquire sources of animal protein in the state supply network. What is currently being sold in MLC stores are 500 gram mincemeat tubes at more than 4 MLC per unit.
After more than 72 hours without electricity, most of the families' food reserves were lost and the government has not yet drawn up a strategy to assist the most vulnerable families or restore stable supply. Faced with the demands of the population, the government response has been none other than reinforcing control and propaganda. Internet cuts continue to avoid visualizing the reality of the country and the protests that took place in the City of Havana. The situation does not improve.
D.
D.
La crisis entra en el núcleo operativo de las embajadas
La erosión de la infraestructura nacional ha trascendido la esfera de la vida doméstica y comienza a afectar el funcionamiento técnico de las representaciones extranjeras. Las embajadas deben dedicar cada vez más tiempo y recursos a preservar su operatividad mínima.
La electricidad constituye el sistema nervioso de una misión diplomática moderna. La comunicación segura, la gestión de datos, la preservación de archivos y los sistemas de vigilancia dependen de un suministro estable. El colapso del Sistema Eléctrico Nacional repercute, por tanto, sobre funciones centrales de la diplomacia.
Las embajadas necesitan mantener comunicaciones seguras, encriptadas y disponibles con sus gobiernos. Los apagones y las fluctuaciones de voltaje interrumpen la conectividad y pueden afectar la transmisión de información sensible. Las caídas de tensión también pueden dañar equipos y bases de datos o dejar temporalmente inoperantes los canales de comunicación.
Las misiones albergan, además, archivos físicos y digitales de valor histórico y de seguridad nacional. Servidores, sistemas de almacenamiento y estaciones de trabajo requieren un flujo eléctrico constante. La reposición de equipos especializados dañados resulta particularmente difícil en Cuba.
La seguridad física de las sedes depende asimismo de cámaras, alarmas, sensores de movimiento y controles electrónicos de acceso. Cuando falla la electricidad, estos sistemas dejan de funcionar si no existe un respaldo suficiente. La interrupción energética reduce así la capacidad de la misión para proteger al personal, las instalaciones y la información.
Se produce entonces una paradoja de dependencia. Para preservar su autonomía, las misiones recurren a generadores propios. Pero estos equipos necesitan combustible, un recurso escaso, racionado y controlado por el Estado receptor. Las embajadas quedan obligadas a depender de la logística de un Estado que no puede garantizar el suministro necesario para sustituir los servicios que él mismo deja de prestar.
La escasez de combustible también limita los desplazamientos. Las visitas de observación, los contactos con autoridades, la asistencia a ciudadanos extranjeros y la participación en eventos oficiales requieren movilidad. Una misión que no puede desplazarse de manera previsible ve reducidas su presencia y su capacidad de influencia.
Jornadas fragmentadas y retirada preventiva
Aunque las misiones no suelen divulgar sus protocolos internos, la dinámica de varias embajadas permite observar una reorganización de la vida diplomática determinada por los apagones.
Mientras existieron programaciones públicas relativamente previsibles, algunas sedes organizaron turnos intensivos o rotativos durante las horas en que se esperaba disponer de electricidad. Sin embargo, en los últimos meses los cortes han dejado de anunciarse con regularidad y pueden superar las veinte horas diarias.
La redacción de informes, las conferencias virtuales y la gestión de archivos deben concentrarse en los breves períodos de disponibilidad energética. Esto fragmenta la jornada laboral e impide mantener una coordinación estable con otras oficinas internacionales.
Ante la imprevisibilidad de los cortes y la dificultad para garantizar agua y combustible, algunas misiones han reducido la presencia física de su personal durante las horas de mayor riesgo o los fines de semana. En la práctica, pueden terminar funcionando con una capacidad mínima de respuesta y delegando tareas esenciales al personal de guardia.
La crisis transforma así el trabajo diplomático. La prioridad deja de ser exclusivamente la negociación o la representación y pasa a incluir la preservación de la infraestructura básica de la propia misión.
Un problema jurídico y político
La estabilidad de las relaciones internacionales descansa sobre un principio de reciprocidad y garantía. El Estado receptor debe asegurar que las misiones puedan ejercer sus funciones de manera segura y efectiva.
Si las representaciones acreditadas en Cuba elevaran quejas formales ante sus gobiernos o ante organismos internacionales por la falta de condiciones mínimas, el problema dejaría de ser una dificultad logística bilateral y adquiriría una dimensión jurídica y política.
Cuba podría alegar razones de fuerza mayor, la crisis económica o el impacto del embargo estadounidense. Sin embargo, la incapacidad prolongada para garantizar los servicios necesarios para el funcionamiento de una misión plantea dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones de protección y diligencia.
El problema central consiste en determinar hasta qué punto una degradación estructural de la infraestructura puede considerarse una vulneración indirecta de los compromisos internacionales del Estado receptor.
El deber de diligencia exige que un Estado adopte medidas razonables para prevenir daños a otros Estados y a sus representantes. La falta de recursos no elimina automáticamente esa obligación, especialmente si el deterioro está relacionado con una asignación desequilibrada, la ausencia de mantenimiento o una gestión prolongadamente ineficiente.
La doctrina de la imposibilidad de cumplimiento es restrictiva. La fuerza mayor debe corresponder a un evento imprevisible e irresistible. Una crisis estructural, prolongada y conocida resulta más difícil de presentar como un acontecimiento inesperado.
El debate no se reduce, por tanto, a la voluntad del Estado cubano, sino a su capacidad material para cumplir las obligaciones que ha asumido.
Cooperación internacional bajo presión
Un deterioro de las condiciones diplomáticas tendría también consecuencias sobre la cooperación técnica y económica. Numerosos países y organismos mantienen programas de seguridad alimentaria, resiliencia climática y asistencia humanitaria que dependen de una mínima previsibilidad institucional.
La ayuda internacional requiere transporte, almacenamiento, refrigeración y comunicaciones. Si la infraestructura energética y logística se encuentra en condiciones críticas, los donantes pueden cuestionar la capacidad del Estado para recibir, conservar y distribuir los recursos.
Las embajadas y consulados no son únicamente centros de representación política. También participan en la supervisión, coordinación y garantía de los flujos de cooperación. Una reducción de su presencia no implicaría necesariamente el fin de los fondos, pero sí dificultaría su implementación.
Los insumos agrícolas, la maquinaria, los repuestos y otros bienes financiados por acuerdos de cooperación podrían verse afectados. La coordinación de la ayuda ante desastres naturales también depende de canales diplomáticos capaces de movilizar recursos y verificar su distribución.
La retirada de observadores y personal internacional reduciría aún más la transparencia sobre el destino de la ayuda humanitaria. Podría producirse, además, un desplazamiento desde la cooperación para el desarrollo hacia una asistencia de emergencia más fragmentada y sometida a mecanismos externos de supervisión.
La crisis doméstica se convierte en crisis diplomática
La crisis multidimensional cubana ha dejado de ser únicamente un problema interno. La erosión de la energía, el agua, el combustible y las comunicaciones posee una dimensión jurídica y política que afecta el funcionamiento de las representaciones extranjeras.
La naturaleza desigual de la crisis no debe producir una falsa sensación de seguridad. La capacidad de las misiones para importar soluciones puede protegerlas temporalmente, pero también distorsionar su percepción sobre la profundidad del deterioro social.
La burbuja diplomática necesita abrirse a una observación más directa de la realidad. Una política exterior construida desde espacios protegidos corre el riesgo de interpretar como manejable una situación que para la población significa la pérdida cotidiana de servicios, derechos y capacidad de vida.
Si continúa el deterioro, las misiones podrían verse obligadas a reducir su presencia, reclamar nuevas garantías o replantear sus condiciones de funcionamiento. Cualquiera de estas decisiones afectaría la cooperación, la comunicación política y la imagen internacional del Estado cubano.
La crisis ha alcanzado un punto en el que ni siquiera quienes disponen de recursos, divisas y respaldo institucional pueden evitar por completo sus consecuencias. La diferencia es que las embajadas pueden comprar paneles solares, generadores y sistemas de purificación; la mayoría de la ciudadanía no.
El cuerpo diplomático no padece la crisis en las mismas condiciones que el pueblo cubano, pero su creciente dificultad para mantener una operatividad mínima constituye una señal reveladora. Cuando un Estado no puede garantizar servicios básicos ni siquiera a las misiones extranjeras cuya protección ha asumido, su incapacidad deja de ser un asunto exclusivamente doméstico y se convierte en evidencia internacional de un deterioro estructural que ya no puede mantenerse dentro de una burbuja.