The crisis does not distinguish species
October 02 of 2022
uring the days following the passage of Hurricane Ian,
An unprecedented food crisis has been experienced in the city of Cienfuegos, at least in the last two decades. Chronic shortages and irregularities in the supply chain, which had already been taking a heavy toll on the population, especially the most vulnerable cases, such as the elderly, pregnant women, single mothers, the disabled and social cases, have reached their peak. critical in the midst of a delicate energy situation that has put additional pressure on Cienfuegos families.
During the last days of September, we toured the most important food sales establishments in the city, reaching 9 communities, of which only 2 were offering scarce products to the population. Most of the establishments in national currency are closed or completely out of stock.
The few that remain providing services such as the “La Yarda” market, located in the center of the city, are controlled by the presence of MININT agents and the National Revolutionary Police. What is sold in this market (one of the most important in the city) is: crackers, lemon concentrate and guava candy bar. With a limited number of units of these products, "shifts" are given since they are not enough to satisfy the demand. The lines take up to 24 hours and more to purchase any merchandise.
There are currently no meat products or protein sources for sale to the population for several days. With the price of the US dollar close to 200 Cuban pesos today and the carton of eggs at 900 pesos, the families that do not have MLC, which are the majority, have no way to acquire sources of animal protein in the state supply network. What is currently being sold in MLC stores are 500 gram mincemeat tubes at more than 4 MLC per unit.
After more than 72 hours without electricity, most of the families' food reserves were lost and the government has not yet drawn up a strategy to assist the most vulnerable families or restore stable supply. Faced with the demands of the population, the government response has been none other than reinforcing control and propaganda. Internet cuts continue to avoid visualizing the reality of the country and the protests that took place in the City of Havana. The situation does not improve.
D.
D.
Coberturas recientes han documentado un aumento sostenido de operativos policiales dirigidos al control del comercio informal y la circulación de alimentos, en los que se reportan decomisos frecuentes y actuaciones impropias por parte de agentes del orden. Estos reportes coinciden en señalar que, bajo el argumento de combatir ilegalidades, se han intensificado inspecciones en espacios públicos y vías de transporte, afectando de manera directa a pequeños vendedores y transportistas que operan en condiciones de subsistencia. Según cifras oficiales, aportadas por la Asamblea Nacional en julio de 2025, se habían realizado hasta entonces 1.066.435 inspecciones de control de precios, con 675.783 violaciones detectadas, 661.653 multas, más de 2.177 millones de pesos recaudados por ese concepto, 8.430 cierres de establecimientos y 2.432 decomisos.
Si estas penalizaciones fueran igualitarias y desde un marco consensuado de la ley, todo bien, pero no es el caso. Al mismo tiempo se ha señalado la existencia de prácticas selectivas en la aplicación de estas medidas, donde algunos actores logran evadir sanciones mediante pagos informales, mientras otros enfrentan decomisos y multas sin garantías claras de reclamación, consolidando un entorno donde la aplicación de la ley tiende a reproducir desigualdades en lugar de corregirlas. Un reporte de ICLEP del mismo periodo señalaba, por ejemplo, que trabajadores y comerciantes denunciaban verse obligados a entregar dinero o productos para evitar multas, cuyo rango el mismo texto situó entre 1.500 y 15.000 pesos. Se hablaba de “confabulación” entre inspectores estatales y comerciantes de mipymes y puntos agrícolas para evitar las figuras más frecuentes de condena, dígase multas, suspensiones temporales o definitivas de licencias, clausuras totales o parciales, paralización de equipos y comiso de bienes y productos.
Una de las prácticas más frecuentes consiste en la revisión sistemática de vehículos que transitan entre municipios. Estas inspecciones, orientadas supuestamente al control de ilegalidades, se enfocan en la detección de productos básicos como arroz, frijoles, carne, leche o combustible doméstico, incluso en cantidades mínimas. El resultado suele ser el decomiso inmediato, sin que medien criterios claros de proporcionalidad ni mecanismos efectivos de reclamación.
A ello se suma una dinámica ambivalente en la persecución del comercio informal. Mientras en determinados contextos los vendedores irregulares son objeto de acoso y sanción, en otros se tolera su actividad debido al privilegio y “contactos” de sus gestores. Sobornos y favores introducen un componente de arbitrariedad que desdibuja la frontera entre legalidad e ilegalidad, y consolida esquemas de corrupción a pequeña escala que terminan afectando tanto a los vendedores como a los consumidores.
Los decomisos dentro de las ciudades constituyen otro punto crítico. Muchos de los afectados son pequeños comerciantes o productores que operan con márgenes mínimos de ganancia y que, en numerosos casos, mantienen vínculos laborales formales con el Estado. Estas actividades complementarias —reventa de pan, harina, dulces o producción doméstica de alimentos— no responden a una lógica de acumulación, sino de supervivencia y precariedad. Sin embargo, son tratadas bajo un mismo marco punitivo.
Las prácticas de clientelismo y favoritismo están extendidas en el opaco sistema de deliberación jurídica cubano, formalizado por sus propias instituciones, sobre todo en la imposible transparencia del destino de los bienes decomisados. En un país sin mercado mayorista accesible, la materia prima suele tener orígenes informales que muchos negocios no tienen cómo justificar. Tras el decomiso de estos materiales, tampoco existen canales claros de información sobre su manejo posterior, ni garantías de devolución en los casos en que proceda. En algunos casos se han reportado incluso decomisos realizados dentro de viviendas, lo que amplía el alcance de la intervención estatal hacia el espacio privado sin que medien procedimientos verificables.
Asimismo, la presencia de patrullas en las inmediaciones de tiendas que operan en divisas introduce un mecanismo adicional de control. La vigilancia se orienta a impedir la adquisición de moneda extranjera por vías informales, lo que restringe el acceso a alimentos disponibles únicamente en estos circuitos. En la práctica, esto limita aún más las opciones de abastecimiento para amplios sectores de la población.
Finalmente, el acoso a pequeños negocios privados se articula frecuentemente a partir de irregularidades administrativas o vacíos legales. Estas condiciones son utilizadas como base para ejercer presión, chantaje o extorsión, en un entorno donde la formalización plena de la actividad económica resulta, en muchos casos, inviable.
En conjunto, estas prácticas configuran un escenario donde la alimentación, muy lejos de ser garantizada como un derecho básico, inscrito en el contrato social entre pueblo y Estado, queda sujeta a dinámicas de control, arbitrariedad y negociación informal, que laceran el propio tejido socioeconómico del que forman parte. El problema no es únicamente una cuestión de legalidad o control, sino de un déficit institucional crónico, y plantea interrogantes incómodas sobre los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en el ejercicio de la autoridad, más necesarios aun en tiempos de crisis.