En la disputa política cubana aparece una asimetría semejante, aunque adaptada a las condiciones contemporáneas. Para las élites, el riesgo suele ser profesional, institucional o reputacional: se juega una posición dentro del aparato estatal, una cuota de influencia, una carrera política o una autoridad moral dentro de una comunidad. Para la base social, en cambio, el riesgo es biológico y existencial. Mientras el político arriesga su narrativa, el ciudadano pone en peligro su integridad física, su nutrición, su estabilidad familiar y sus posibilidades de futuro.

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La “batalla” política es, para la élite, un ejercicio de gestión de crisis; para la ciudadanía, una lucha contra la entropía de un sistema incapaz de garantizar servicios básicos. Esta disonancia genera una estructura en la que la élite opera en una zona de baja entropía, caracterizada por una relativa estabilidad funcional, mientras la población habita el espacio de máxima exposición a la crisis.

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Los objetivos políticos de ambos polos actúan, por tanto, como motores de un conflicto cuyas consecuencias humanas son radicalmente distintas para quienes lo ejecutan y para quienes lo padecen. La preservación del poder estatal y la presión diplomática orientada a provocar un cambio de régimen persiguen, respectivamente, la continuidad del orden vigente o la instauración de un nuevo orden político. Sin embargo, estas metas de alto nivel tienden a relegar la consecuencia humana inmediata: la desarticulación del tejido social.

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Si en el feudalismo la consecuencia directa era la servidumbre y la pérdida de autonomía, en el contexto cubano aparece una creciente usurpación de la agencia económica y una fragmentación de la identidad nacional mediante la migración masiva. El desplazamiento de millones de personas debe entenderse no solo como un fenómeno demográfico, sino como la respuesta de una base social que, al verse transformada en el principal recurso de sacrificio de un conflicto sobre el cual carece de control, busca una salida fuera del marco de la disputa.

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Un componente fundamental para preservar esta asimetría es la gestión de la percepción del enemigo. Tanto en el vasallaje feudal como en la polarización política cubana, la estabilidad de las estructuras de poder no depende únicamente del uso de la fuerza, sino de su capacidad para construir una narrativa de “amenaza existencial”. Esta construcción cumple una función específica: deshumanizar al adversario y legitimar la imposición de sacrificios desproporcionados sobre la base social.

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En el orden feudal, la amenaza de la invasión extranjera o del “infiel” funcionaba como recurso retórico para justificar la extracción de tributos y la movilización de la mano de obra campesina. Bajo la promesa de protección frente a un enemigo externo omnipresente, el señor feudal lograba presentar la precariedad del campesinado como una contribución necesaria a la seguridad colectiva. El sufrimiento del siervo no se interpretaba como una falla del sistema, sino como una virtud de resistencia frente a la amenaza exterior.

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En el contexto cubano contemporáneo, esta lógica se reproduce mediante la construcción de un enemigo binario y absoluto. Para el bloque oficialista, el adversario es el “imperio”, el embargo o la “agresión externa”: una entidad presentada sin matices, cuya existencia permite justificar la escasez, la falta de libertades y el deterioro de los servicios públicos como componentes inevitables de la “resistencia patriótica”. Para las estructuras políticas más polarizadas del exilio, el enemigo es el régimen opresor, concebido en ocasiones de manera igualmente absoluta. En ambos casos, la retórica de la amenaza permite desplazar la discusión sobre la responsabilidad de las élites y convertir la carencia material en una forma de sacrificio político.

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La deshumanización transforma al adversario en un ente abstracto y maligno, y produce una consecuencia directa sobre la percepción de las personas concretas. Cuando el conflicto se eleva a la categoría de guerra existencial, la vida cotidiana deja de ser tratada como un ámbito de derechos y se convierte en una variable de combate.

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Si el enemigo representa una amenaza permanente para la supervivencia de la nación o de la causa, cualquier medida de austeridad extrema, restricción de derechos o privación material puede presentarse como una necesidad táctica. De este modo, el poder intenta que la población no responsabilice a sus líderes por la miseria, sino que interprete su propia precariedad como una trinchera.

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La deshumanización del adversario permite que las élites operen dentro de una zona de impunidad moral. El sacrificio de la población deja de ser entendido como un fracaso de la política económica o como una violación de derechos y pasa a representarse como un “costo de guerra” aceptable para evitar la derrota frente al enemigo construido.

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Este mecanismo retórico produce, además, un efecto devastador: la ruptura de la solidaridad horizontal entre los integrantes de la base social. Al categorizar a quienes no comparten la narrativa de resistencia como parte del “enemigo”, colaboradores o “traidores”, se destruye la capacidad colectiva de articular demandas comunes.

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La deshumanización no se dirige únicamente hacia el enemigo externo, sino que termina permeando la percepción del adversario interno. Esto fragmenta el tejido social, impide que el ciudadano reconozca en el dolor de su vecino una experiencia compartida y lo obliga a verlo como una amenaza, un aliado del enemigo o un obstáculo para la victoria.

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En última instancia, esta fragmentación constituye uno de los mayores éxitos de la política de la asimetría. Una población dividida por la sospecha, la polarización y el miedo encuentra mayores dificultades para cuestionar la legitimidad de las élites que, bajo el pretexto de la defensa o la liberación, continúan gestionando sus privilegios a costa del sacrificio ajeno.

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La comparación entre el vasallaje y la actualidad del pueblo cubano intenta trascender la mera analogía histórica para proponer una comprensión estructural de la forma en que se reproducen los sistemas de poder en condiciones de extrema asimetría. Al despojar estos fenómenos de su barniz ideológico, emergen tres conclusiones fundamentales que permiten reconsiderar la relación entre estabilidad, conflicto y crisis en sociedades altamente polarizadas.

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La primera es que la crisis no constituye necesariamente un estado de falla, sino que puede convertirse en una característica operativa del sistema. Mientras la teoría política clásica concibe el contrato social como un acuerdo de reciprocidad —protección y orden a cambio de obediencia y tributo—, en ambos modelos se observa la desarticulación de esa reciprocidad.

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Tanto en el orden feudal como en los sistemas de polarización extrema, el poder deja de garantizar seguridad material o bienestar y ofrece, en su lugar, una forma de “seguridad existencial” basada en el miedo. El contrato social es sustituido por un pacto de supervivencia bajo asedio. En este escenario, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser administrado como recurso de resistencia.

La legitimidad ya no emana de la capacidad del poder para producir bienestar, sino de su capacidad para señalar un enemigo común. De este modo, las élites pueden perpetuar su dominio incluso —y, en determinados casos, especialmente— en condiciones de precariedad extrema.

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Una segunda conclusión es la existencia de una asimetría de clase camuflada. La retórica de la igualdad —ya sea la supuesta cohesión orgánica de la sociedad feudal o la igualdad ideológica proclamada por el proyecto revolucionario— funciona como mecanismo de ocultamiento de las jerarquías reales.

Persiste una estructura de casta en la que el acceso a los recursos, la información y el poder no depende del mérito ni de la igualdad formal, sino de la proximidad al centro de mando. La “igualdad” actúa entonces como una herramienta de homogeneización destinada a desarmar la conciencia de clase de la población.

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Al imponer una narrativa de identidad colectiva frente a un enemigo externo, se dificulta que la base social identifique la brecha creciente entre la élite que administra la crisis y la población que la padece. La estructura de clases no desaparece: se vuelve menos visible y, precisamente por ello, adquiere una mayor capacidad de reproducción y resistencia frente al cambio.

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Por último, resulta necesario abandonar la visión de la crisis cubana como un simple “período de transición” o como un “error de gestión” y comenzar a examinarla como un modelo de gobernanza basado en la administración de la escasez y del conflicto. En los sistemas de alta polarización, la crisis no siempre es un problema que el poder intenta resolver. Puede convertirse en una condición que necesita gestionar para preservar su posición.

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La pregunta central, por tanto, no es solamente cuándo terminará la crisis, sino quiénes la utilizan como instrumento de orden, legitimidad e influencia, y quiénes han sido convertidos en sus víctimas necesarias.