En septiembre de 2026, los medios oficialistas difundieron las declaraciones de la viceministra de Salud Pública, doctora Carilda Peña García, quien reconoció el repunte de la circulación de arbovirosis y el aumento de las enfermedades gastrointestinales en la isla. Sin ofrecer estadísticas precisas respecto del número de contagios y su distribución territorial, la viceministra se centró en la importancia de las medidas de prevención y en la cooperación de la ciudadanía para detener el avance de los contagios.

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Sin embargo, la persistencia de las deficiencias de saneamiento, el suministro irregular de agua potable, los cortes eléctricos y la escasez de alimentos y medicamentos se han vuelto crónicos y continúan incrementando el riesgo para la salud de la población cubana. Las carencias dificultan tanto la prevención de infecciones como la recuperación de quienes enferman. Las personas mayores, especialmente quienes viven solas, quienes tienen enfermedades crónicas o dependen de otras personas para sus cuidados son las que más resienten los impactos de las múltiples crisis que atraviesa la sociedad cubana. La emergencia higiénico-sanitaria no comporta únicamente un problema epidemiológico, sino que la acumulación de residuos, los vertimientos de aguas albañales, las interrupciones del abastecimiento de agua y electricidad, junto a las limitaciones de la atención primaria y hospitalaria, configuran un entorno en el que la población mayor afronta riesgos sanitarios en ausencia de los recursos necesarios para protegerse.

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El trabajo de monitoreo de los observatorios firmantes de esta nota ha presentado evidencias suficientes respecto de estos riesgos y el incremento de la vulnerabilidad en determinados grupos. Entre las personas de más de 60 años encuestadas en los últimos tres años por los observatorios, el desabastecimiento, la pérdida de capacidad de compra, las interrupciones de electricidad y agua, la escasez de medicamentos y la insuficiencia de los cuidados se acumularon y se reforzaron (ENSA 2023, 2024 y 2025).

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Los datos más recientes, correspondientes al año 2024, indican que la falta de agua corriente obliga al 80% de los hogares encuestados a almacenar el líquido durante períodos prolongados o a buscar fuentes alternativas cuya seguridad no siempre pueden verificar (ENSA 2025). A ello se suma la dificultad del 78% de los hogares para hervir el agua cuando los apagones interrumpen el suministro eléctrico y las familias carecen de combustible u otros medios para calentarla. En estas condiciones, mantener prácticas básicas de higiene, preparar alimentos de forma segura y prevenir enfermedades transmitidas por agua o alimentos contaminados se convierten en un desafío cotidiano.

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Las consecuencias son especialmente preocupantes para las personas mayores, cuya vulnerabilidad se ve agravada por la prevalencia de enfermedades crónicas, como la hipertensión y la diabetes, y por el desabastecimiento de medicamentos en la red de farmacias (con una incidencia del 91,5 %). El 90 % de los entrevistados en este grupo carece de vías para garantizar la continuidad de sus tratamientos (ENSA, 2025). A ello se suman las limitaciones de movilidad y la ausencia de redes de apoyo familiar estables en una proporción considerable de este grupo.

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La inseguridad alimentaria constituye otro factor de vulnerabilidad ante la pérdida sostenida de capacidad para una alimentación suficiente y variada, donde las personas mayores encuentran más dificultades para cubrir sus necesidades nutricionales. La falta de proteínas y otros nutrientes esenciales compromete el estado nutricional, mientras que la imposibilidad de adquirir alimentos adecuados durante la convalecencia dificulta restablecer la alimentación habitual. La pérdida de apetito, los problemas gastrointestinales y la deshidratación pueden agravar esta situación, especialmente en personas mayores con enfermedades crónicas.

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Esta vulnerabilidad se combina con una crisis de cuidados. La emigración de familiares, los recursos económicos limitados y la ausencia de servicios domiciliarios suficientes dejan a algunas personas mayores sin compañía estable durante la enfermedad. Ello expone de forma más aguda a un 46 % de los encuestados en la ENSA (2025) que conviven con otras personas mayores, así como a un 29 % que conviven con personas con discapacidad o limitaciones funcionales. Se trata sobre todo de subgrupos con menor respuesta ante episodios agudos de fiebre, deshidratación o insuficiencia respiratoria, u otras manifestaciones sintomáticas reportadas en el contexto sanitario actual.

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El desabastecimiento de medicamentos e insumos básicos, la disponibilidad limitada de pruebas diagnósticas y reactivos de laboratorio, y la salida de profesionales de la salud del sistema, dificultan asimismo la identificación temprana de complicaciones de infecciones presentes. Las ausencias prolongadas de servicios públicos como agua potable y electricidad, la insuficiencia de las pensiones de jubilación (con un mínimo de 4000 pesos cubanos), frente al costo de la vida, limitan severamente la capacidad de las personas mayores para cubrir el renglón básico de medicamentos requeridos.

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Por todas estas razones, desde Cuido60 y Food Monitor Program alertamos sobre la gravedad del actual panorama epidemiológico del país, en un contexto de agravamiento generalizado de las condiciones de vida de la población, de precarización y empobrecimiento. Frente a este escenario, el Estado cubano no está siendo capaz de prevenir e intervenir oportunamente para solucionar las múltiples crisis que confluyen en la sociedad cubana. Advertimos también que las instituciones de salud no han cumplido con el requisito de proporcionar información oportuna a la población ni de ofrecer estadísticas actualizadas sobre la incidencia de la arbovirosis, los grupos y territorios más afectados, así como la mortalidad. En paralelo, los cuerpos policiales y de seguridad del Estado continúan criminalizando la denuncia ciudadana y el trabajo de la sociedad civil independiente, que contribuiría a aliviar la desesperada situación de varios grupos en mayor situación de vulnerabilidad.

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Como parte de nuestra labor de incidencia, hemos elaborado un conjunto de recomendaciones de política pública y de acciones ciudadanas, segmentadas por tipos de actores.

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Recomendaciones

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Las recomendaciones se organizan según los actores con capacidad real de incidir en cada uno de los riesgos identificados: las instituciones del Estado cubano, la comunidad internacional y los organismos de cooperación, la sociedad civil y las redes comunitarias, y la diáspora. Se priorizan medidas viables en el corto plazo y se señalan otras de carácter estructural.

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1. Al Estado cubano

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Gobierno central y Ministerio de Salud Pública

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1. Declarar a las personas mayores que viven solas, tienen movilidad reducida o dependen de cuidados como población prioritaria en la respuesta sanitaria, y publicar los criterios de priorización.​​

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2. Garantizar la atención domiciliaria periódica, con visitas activas del médico y la enfermera de la familia a los hogares donde conviven solo personas mayores o personas con discapacidad, y no solo a quienes llegan a consulta.

 

​​3. Asegurar el abastecimiento regular y verificable de medicamentos para enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes), con información pública y actualizada sobre su disponibilidad en la red de farmacias.

 

​​4. Restablecer la capacidad de diagnóstico temprano mediante pruebas, reactivos y laboratorios operativos, y proteger al personal de salud que atiende a población envejecida.​

 

5. Permitir y facilitar el ingreso de medicamentos e insumos donados, sin obstáculos aduanales ni discrecionales.

 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, gobiernos locales y servicios comunales

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6. Dar prioridad al suministro de agua mediante pipas y puntos de distribución accesibles en las zonas con mayor concentración de personas mayores, con entrega a domicilio cuando haya movilidad reducida.

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7. Aplicar protocolos de saneamiento que atiendan la recogida de residuos y los vertimientos de aguas albañales, con calendarios públicos y mecanismos de queja que obtengan respuesta.

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8. Proteger a los hogares con personas mayores dependientes de los cortes eléctricos prolongados e informar con antelación sobre los horarios de interrupción del agua y la electricidad.

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Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Comercio Interior y Economía

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9. Revisar el monto de las pensiones, en particular la mínima de 4000 pesos cubanos, de modo que cubra al menos la canasta básica de alimentos y medicamentos, y establecer un mecanismo de ajuste periódico frente a la inflación.

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10. Crear una prestación específica para personas mayores en situación de dependencia y para quienes las cuidan.

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11. Garantizar el acceso de las personas mayores a una canasta alimentaria con aporte proteico y nutricional suficiente, y a dietas especiales a quienes padezcan enfermedades crónicas que  las requieran.

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Asamblea Nacional y órganos de control

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12. Adoptar un marco legal integral que considere:​​

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los derechos de las personas mayores, con estándares verificables y mecanismos de reclamación efectivos.

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Modifique la Ley de Asociaciones, permitiendo la participación de la sociedad civil, en forma autónoma e independiente.

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13. Permitir la supervisión independiente y la publicación de datos desagregados por edad, sexo, territorio y discapacidad sobre morbilidad, mortalidad y acceso a servicios.

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2. A la comunidad internacional y los organismos de cooperación

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Sistema de Naciones Unidas y OPS/OMS

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14. Solicitar a los mecanismos pertinentes (la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad y los relatores sobre salud, agua y alimentación) que den seguimiento a la situación de las personas mayores en Cuba y requieran información al Estado.

 

15. Incorporar a las personas mayores como grupo prioritario y visible en los planes de respuesta humanitaria y sanitaria, con indicadores desagregados por edad.

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Organismos humanitarios y donantes

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16. Financiar programas de agua segura, nutrición, medicamentos esenciales y cuidados domiciliarios, con modalidades que lleguen directamente a las personas mayores y que cuenten con monitoreo independiente de la distribución.

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17. Apoyar de forma sostenida a los observatorios independientes y a las organizaciones comunitarias que producen datos, con atención a la protección de sus integrantes y de las personas entrevistadas.

 

Sistema interamericano y gobiernos con relaciones con Cuba

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18. Mantener la situación de las personas mayores en la agenda de la CIDH y de los espacios bilaterales y multilaterales, vinculando el diálogo al acceso humanitario.

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19. Garantizar que las sanciones económicas y las medidas de coerción al gobierno cubano no obstaculicen el envío de alimentos, medicamentos e insumos, con excepciones humanitarias claras y operativas.

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3. A la sociedad civil, los observatorios y las redes comunitarias

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20. Ampliar el monitoreo con perspectiva de edad, género y cuidados, y sostener series comparables de datos.

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21. Fortalecer las redes comunitarias de acompañamiento (visitas, alertas tempranas, orientación sobre agua segura e higiene) con atención especial a quienes viven solos.

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22. Capacitar a cuidadoras y cuidadores, en su mayoría mujeres, en primeros auxilios, rehidratación, higiene y señales de alarma, y reconocer su labor como trabajo de cuidados que necesita apoyo.

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23. Documentar y presentar casos ante mecanismos nacionales e internacionales, con consentimiento informado y protocolos de protección de datos.

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4. A la diáspora y las organizaciones de la comunidad cubana en el exterior

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24. Priorizar en las remesas y envíos solidarios los medicamentos, los alimentos nutritivos y los insumos de higiene y potabilización del agua destinados a personas mayores, coordinando con redes confiables para reducir duplicidades y pérdidas.

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25. Apoyar con recursos y asistencia técnica las iniciativas y organizaciones que brindan apoyos y servicios a personas mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad.