The crisis does not distinguish species
La Ley 185 de Tierra Agropecuaria y Forestal
October 02 of 2022
uring the days following the passage of Hurricane Ian,
An unprecedented food crisis has been experienced in the city of Cienfuegos, at least in the last two decades. Chronic shortages and irregularities in the supply chain, which had already been taking a heavy toll on the population, especially the most vulnerable cases, such as the elderly, pregnant women, single mothers, the disabled and social cases, have reached their peak. critical in the midst of a delicate energy situation that has put additional pressure on Cienfuegos families.
During the last days of September, we toured the most important food sales establishments in the city, reaching 9 communities, of which only 2 were offering scarce products to the population. Most of the establishments in national currency are closed or completely out of stock.
The few that remain providing services such as the “La Yarda” market, located in the center of the city, are controlled by the presence of MININT agents and the National Revolutionary Police. What is sold in this market (one of the most important in the city) is: crackers, lemon concentrate and guava candy bar. With a limited number of units of these products, "shifts" are given since they are not enough to satisfy the demand. The lines take up to 24 hours and more to purchase any merchandise.
There are currently no meat products or protein sources for sale to the population for several days. With the price of the US dollar close to 200 Cuban pesos today and the carton of eggs at 900 pesos, the families that do not have MLC, which are the majority, have no way to acquire sources of animal protein in the state supply network. What is currently being sold in MLC stores are 500 gram mincemeat tubes at more than 4 MLC per unit.
After more than 72 hours without electricity, most of the families' food reserves were lost and the government has not yet drawn up a strategy to assist the most vulnerable families or restore stable supply. Faced with the demands of the population, the government response has been none other than reinforcing control and propaganda. Internet cuts continue to avoid visualizing the reality of the country and the protests that took place in the City of Havana. The situation does not improve.
D.
D.
A estas alturas, cumplir una meta de siembra genera grandes dudas sobre la relevancia de su resultado: ¿se logrará abastecer de agua y abono al cultivo? ¿Se podrá recoger a tiempo? ¿Serán retribuidos monetariamente los campesinos y Acopio transportará la cosecha? ¿Cómo se comercializarán los productos? Aun ampliando el usufructo de la tierra a nuevos actores, la seguridad de quien produce continúa dependiendo de cuánto tiempo puede trabajar, qué decisiones puede tomar y cómo se resuelven sus conflictos con la administración. Un derecho de uso inestable y sometido a decisiones en un ecosistema burocratizado e ineficiente ofrece menos autonomía de la que su nombre sugiere.
La ley, por ejemplo, reconoce los cuidados en el trabajo agrícola, hasta ahora figura ausente en la legislación sobre el campo. Sin embargo, debe reconocerse que el sostén de la vida cotidiana no ocurre en muchos casos dentro del funcionamiento natural de la convivencia rural, sino en hogares vulnerables y en plena supervivencia. Si las nuevas contribuciones siguen recayendo sobre mujeres sin servicios que alivien su carga, reconocerlas jurídicamente sería un avance insuficiente para ampliar sus posibilidades económicas.
El problema de fondo es más amplio; quedarse en el campo exige una expectativa de vida viable. La posibilidad de continuar una finca pierde atractivo si implica trabajar sin electricidad suficiente, depender de suministros inciertos y no poder sostener a la familia con los ingresos obtenidos sin tener que recurrir al mercado ilegal. A ello se agrega el alza de la criminalidad apuntada al robo de cosechas y el sacrificio ilegal de ganado, ante los que los campesinos muchas veces se encuentran indefensos.
Entonces, debemos evaluar el impacto en la diferencia entre decisiones de jure, como la presente ley, y de facto, entre cuadros políticos y comunicaciones perdidas en papel. La confidencialidad política es también una dimensión que distancia entre disponer de un derecho y poder ejercerlo, si el campesino en cuestión es “cívicamente incómodo” o peor, ya catalogado como disidente u opositor por sus ideas. Sirva de ejemplo las incontables violaciones de derechos a la familia Urquiola en su finca El Infierno en Viñales, Pinar del Rio, donde se cruzan malas prácticas contenidas sobre el derecho del campesino, del adulto mayor, y de la comunidad migrada. Y es que, en casos más “cotidianos”, el orden autocrático cubano ha concentrado las decisiones que afectan el acceso a la tierra y la continuidad del trabajo según los reclamos de sus actores inmediatos (por impagos o por denunciar un abuso puede poner en peligro su actividad, por ejemplo). Así, la dependencia política puede favorecer el silencio y destruir la confianza para el desarrollo económico. De ahí que Food Monitor Program ponga en duda la aplicación concreta de la reforma si no se revisa el funcionamiento del poder general en el país sobre el sistema agroalimentario. No se rechazan acá las funciones necesarias de la regulación pública, pero se avisa que su legitimidad requiere de reglas transparentes y previsibles, decisiones motivadas y mecanismos de reclamación efectivos. Evaluar únicamente al campesino traslada hacia abajo responsabilidades que pueden originarse mucho más arriba.
Además, la celebrada apertura ocurre dentro de una sociedad que ha visto el nivel más alto de desigualdad en décadas, una población envejecida y en recesión demográfica y un capital humano exhausto y deprimido. Así, buscando desesperadamente capital en el exterior y montados en una red ya dolarizada y digitalizada de alimentos (con preferencia en mercados online y exportación, por ejemplo) las garantías sobre empresas con financiación, transporte y compradores asegurados tiene ventajas frente a una familia que depende de ingresos diarios. Si la entrega de mayores superficies y el acceso a recursos favorecen sistemáticamente a los primeros, podrían surgir explotaciones más grandes y productivas junto a pequeños productores cada vez más subordinados. De ahí que el observatorio también llame la atención sobre quién pueda participar en esta expansión y bajo qué condiciones, sobre todo considerando que muchos beneficiados han sido aquellos con cartas blancas en el Gobierno cubano.
Tampoco una recuperación de la oferta garantiza, por sí misma, una mejora equivalente de la alimentación. Los compradores con divisas pueden ofrecer precios que los salarios y las pensiones en pesos no permiten pagar. Exportar o abastecer esos mercados puede generar ingresos necesarios para sostener negocios y financiar nuevas inversiones. Pero para que esos beneficios alcancen a los hogares más vulnerables, hacen falta mecanismos distributivos concretos, y asistencias sociales que han ido en detrimento en la última década.
Food Monitor Program apuesta por una recuperación del campo cubano que busque autonomía en un productor consecuente con su medio y con el rescate nacional. Para ello se debe escuchar tanto a quienes producen como a quienes compran. El alcance de esta reforma entonces depende de que los derechos socioeconómicos dejen de verse como promesas administrativas y puedan sostener decisiones cotidianas, inversiones duraderas y una alimentación digna.